

El destino que dan los grupos parlamentarios al dinero que reciben del Congreso no es público. El reglamento del Congreso señala que todos los grupos recibirán una subvención fija de 28.597 euros mensuales. A ella hay que sumar otra subvención variable de 1.645 euros a multiplicar por el número de los diputados que tengan.
Aplicando este cálculo, el PP como partido mayoritario percibe al mes 333.000 euros, el PSOE 209.000, CiU unos 55.000 euros, la Izquierda Plural cerca de 47.000, UPyD y PNV unos 37.000 euros y el grupo mixto, 58.000 euros al mes. Multiplicando, más de 9 millones de euros al año que los grupos reciben al margen de la retribución de los diputados, las dietas, el pago de sus viajes, o el uso de teléfono móvil, portátil o tabletas que les suministra el Congreso para su trabajo.
El reglamento señala que los grupos deberán llevar una contabilidad específica de esa subvención, que pondrán a disposición de la Mesa del Congreso siempre que ésta lo pida. Sin embargo, la Mesa del Congreso nunca lo ha pedido y los grupos tampoco facilitan esa relación de gastos. Es decir, no hay manera de saber en qué se gastan ese dinero y si se destina a fines que guarden relación con la actividad parlamentaria teniendo en cuenta que el presupuesto procede del Congreso de los Diputados. De hecho, varios grupos parlamentarios han admitido que parte de esa subvención se destina a los partidos políticos, lo que en la práctica supone que, al igual que ocurre con los viajes de los diputados, el presupuesto del Congreso puede acabar utilizándose para financiar no actividades parlamentarias sino estrictamente de partido, como mítines o campañas electorales.
La fiscalización interna de esas subvenciones es exclusiva de las direcciones de los propios grupos parlamentarios que no deben dar cuenta a nadie en la Cámara. El Tribunal de Cuentas sí incluye en sus informes el importe global de esas subvenciones que reciben los grupos parlamentarios pero nos señalan que, como esa partida no tiene un carácter finalista, ellos no pueden fiscalizar cuál ha sido el destino concreto del dinero.
