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La juez Alaya ordena treinta detenciones en otra redada policial anticorrupción en Sevilla

La juez Alaya ordena treinta detenciones en otra redada policial anticorrupción en Sevilla
Domingo Enrique Castaño, uno de los imputados en la Operación Madeja. ABC.
Domingo Enrique Castaño, uno de los imputados en la Operación Madeja. ABC.

La juez Mercedes Alaya dirige desde primera hora de esta mañana una macrorredada anticorrupción, denominada ‘Operación Madeja’, en Sevilla, Canarias y Extremadura en la que hay previstas al menos una treintena de detenciones de técnicos y altos funcionarios municipales, según fuentes jurídicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación en diferentes puntos de Andalucía, Extremadura y Madrid contra la corrupción en la Administración Pública a nivel funcionarial. Se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor en la adjudicación de concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas.

Por el momento, la OCU está haciendo registros en una veintena de ayuntamientos, entre ellos el ayuntamiento de La Carolina (Jaén). Además, están registrando el departamento del área de cohesión territorial de la Diputación de Sevilla.  Fuentes de la operación aseguran que ya hay varios detenidos.

Es la tercera parte de la operación Madeja, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y en la que se investiga si funcionarios públicos han dado trato de favor o modificado contratos para adjudicar concursos a determinadas empresas a cambio de mordidas. La operación se está llevando a cabo en Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura y Madrid.

La operación Madeja la está llevando a cabo la misma unidad de la UCO que llevó a cabo la operación Púnica. De hecho es una operación policial que lucha también contra la corrupción en las administraciones públicas aunque en este caso a nivel funcionarial.

Esta macrocausa ha estado casi año y medio declarada secreta. Comenzó a raíz de la investigación sobre el incremento patrimonial de Domingo Enrique Castaño, exasesor del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Castaño está en libertad bajo fianza de 60.000 euros. También está en libertad bajo fianza de 150.000 euros Francisco Amores, exjefe del servicio del área de medio ambiente del ayuntamiento hispalense y Luis Huertas, responsable del mantenimiento del parque de María Luisa en Sevilla.

Entre las empresas investigadas Fitonovo y Fiverde cuyos dueños están imputados. Jose Antonio González Baro salió de la cárcel después de pagar una fianza de 250.000 euros. Fitonovo supuestamente disponía de contabilidad B en la que aparecerían los presuntos pagos de comisiones ilegales a los funcionarios del ayuntamiento a cambio de favores en la adjudicación de los contratos. Esta contabilidad oculta incluye pagos realizados desde el año 2003 con los nombres y las iniciales de los supuestos perceptores de esas mordidas.

En la primera fase de la operación el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo admitió haber entregado a Domingo Enrique Castaño 30.000 euros y su hijo Gonzalez Baró declaró que pagó una comisión de 70.000 euros a cierta persona de IU antes de las elecciones. Entre marzo y abril de 2009 el ayuntamiento de Sevilla adjudicó obras a Fitonovo por valor de 8 millones de euros. Fue la segunda empresa más beneficiada por el plan B.

Fitonovo también fue la adjudicataria de las obras de reforma del campo de fútbol de la Carolina, gobernado por el PP. Según González Baró, pagó una mordida de entre 15.000 y 20.000 euros. La jueza Alaya dice que Fitonovo pagó también comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Algeciras, en la anterior legislatura, por la construcción de un polideportivo y un aparcamiento.

En Huelva, en la Palma del Condado, gobernado por el PP, la empresa supuestamente repartió mordidas por las obras de la piscina municipal.

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