Tras el ‘sí’ a la independencia de Cataluña por parte del 81% de los ciudadanos que participaron en la consulta alternativa, la incógnita ahora es saber de qué manera reestablecerán las relaciones el Gobierno central y la Generalidad, con posiciones más que encontradas sobre el proceso soberanista en Cataluña.
Para la Generalidad, los más de dos millones de ciudadanos que participaron en la consulta avalan la necesidad de dialogar para llegar a un «referéndum definitivo», tal y como ha dicho el presidente catalán, Artur Mas. Pero el guante del diálogo no ha sido, de momento, recogido por el Gobierno, que solo se ha referido a la «falta de validez» de este proceso participativo.
Nadie del Gobierno de Mariano Rajoy se ha referido a la propuesta aún no cerrada de Mas para iniciar una negociación, de la que dará más pistas este martes. Sí ha hablado este lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para decir que el proceso desarrollado este domingo en Cataluña «está fuera de la legalidad» y que el Gobierno «actuará en consecuencia» porque el «simulacro» fue un «intento no logrado de vulneración de la soberanía nacional».
El Gobierno central busca responsabilidades
Es sintomático que la única voz del Gobierno para valorar la consulta fuera este domingo la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que habló de «simulacro estéril e inútil» y recordó que la Fiscalía está recabando datos para determinar si existen responsabilidades penales.
La única que se ha referido directamente a la forma en que a partir de ahora afrontarán las relaciones los Gobiernos español y catalán ha sido la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, para quien el diálogo será «más complicado» y difícil» después del 9N. Si bien el propio ministro de Justicia dijo que «el comportamiento de Mas dificulta el futuro».
Los jueces de guardia de Barcelona, Tarragona, Badalona y Manresa admitieron a trámite más de una veintena de denuncias presentadas este mismo domingo contra la consulta soberanista por varios partidos políticos y ciudadanos particulares para investigar si la Generalitat ha cometido delito por la organización de la votación.
Este lunes, la formación política VOX ha anunciado que se querellará contra el presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo por entender que «no está persiguiendo los delitos que se están cometiendo por parte de Artur Mas y el Gobierno de la Generalidad en Cataluña».
El PSOE también aboga por que Gobierno y Generalitat reestablezcan las relaciones y defienden su ‘tercera vía’, esto es, una reforma constitucional, que ven como único camino para solventar la crisis territorial.
Si el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se refirió este domingo al «nuevo tiempo necesario que lleva a la «España federal», este lunes la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido a Rajoy que «abra el diálogo para encontrar un marco de convivencia».
Desde IU también defienden la «solución política del conflicto» e invitan a Rajoy y a Mas a sentarse a hablar. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha lamentado la «actitud intransigente del Gobierno del PP, que sólo ha ayudado a incrementar el independentismo» en Cataluña, así como la táctica «oportunista» del presidente de la Generalitat.
ERC y CUP abogan por adelantar las elecciones
Desde Cataluña, este lunes insisten en el «mensaje potente y contundente» de la ciudadanía catalana, tal y como ha dicho el portavoz de CiU, Jordi Turull, quien cree que Cataluña «ganó la semifinal por goleada y jugará la final cuando sea el mejor momento para ganarla».
Ven con «indiferencia» lo que consideran «amenazas» ante la búsqueda de posibles responsables del proceso del 9N. El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha afirmado este lunes que no se imagina «en absoluto» que los miembros del Govern puedan ser inhabilitados por la consulta.
Los otros partidos del bloque soberanista, ERC y la CUP, ya hablaron este domingo de la necesidad de convocar elecciones.
El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, exigió la celebración de comicios autonómicos «para no perder más tiempo», mientras que la CUP pide «aparcar la consulta» y convocar elecciones para cambiar las mayorías parlamentarias.
En este sentido, Turull ha afirmado que habrá elecciones o consulta en el que momento en el que se tenga claro que «en esta decisión definitiva que se quiere tomar sea el momento más oportuno para que el resultado sea positivo al fin de la causa en la que estamos implicados».
