La Secretaría de Estado de Cultura se ha mostrado hoy «abierta al diálogo» durante la tramitación en el Senado de la Ley de Propiedad Intelectual, y recuerda que desde ese organismo se han mantenido más de una treintena de reuniones con entidades de gestión para avanzar en el proyecto de ley.
Fuentes de la Secretaria que dirige José María Lassalle han indicado a Efe que siguen en disposición de seguir dialogando con las entidades de gestión, autores, artistas y asociaciones, hasta que la ley llegue la pleno del Senado, a mediados de octubre.
Hoy mismo el presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha pedido en nombre de la industria cultural la «implicación directa» de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la ley.
En un acto celebrado en Madrid, al que han asistido los presidentes de las principales sociedades de gestión de derechos de autor en España, se ha pedido al Gobierno la retirada del proyecto de ley de Propiedad Intelectual en sus actuales términos por considerarlo «innecesario y regresivo».
Los creadores han puesto de manifiesto que el actual proyecto de LPI «reduce las tarifas, cuestiona el sistema de recaudación y acecha a la propia gestión colectiva desestabilizando su estructura y alejándola de los países europeos».
En concreto, las entidades de gestión señalan que el sistema de compensación por copia privada, que pasó de ser soportado por los fabricantes de dispositivos digitales a estar a cargo de los presupuestos generales del Estado, ha causado un perjuicio de unos 100 millones de euros al año a los autores.
Desde la Secretaría de Cultura se explica que la compensación por copia privada no tiene una directiva de la Unión Europea que marque un rumbo fijo sobre este asunto, y señala, que por el momento, se ha establecido «un sistema transitorio» hasta que la Comisión Europea presente una propuesta de directiva que marque un rumbo normativo en esta materia.
Además, el proyecto avanza en algunas indicaciones del informe del mediador europeo Antonio Vitorino, como la de excluir del pago de la compensación a los soportes que estén destinados a uso profesional.
La LPI también supone mejoras en la transparencia y control de las sociedades de gestión en la línea de la norma europea, y para establecer tarifas que estén abiertas a la negociación, señalan las fuentes de Cultura.
Sin ser un ley intervencionista, apuntan las fuentes, la LPI aspira a ser un recurso importante en la lucha contra la piratería en internet y en la protección de los nuevos modelos de negocio que se generan en el ámbito de la red.
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