El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con que la consulta soberanista en Cataluña estará ya suspendida al menos un mes antes de la fecha que tiene fijada para su celebración (el 9 de noviembre). La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, confirmó lo que se deducía de los mensajes del Ejecutivo central: que el Gobierno impugnará la ley de consultas y el propio decreto de convocatoria del referéndum sólo unos días después de que lo firme Artur Mas y que calcula que el Tribunal Constitucional no tardará más de otra semana en admitir a trámite los recursos, momento en que el referendo secesionista quedará suspendido hasta que los magistrados resuelvan el fondo del conflicto.
Los plazos que se manejan tanto en Madrid como en Barcelona son los siguientes. En la semana del 15 al 21 de septiembre, el Parlamento catalán celebrará el debate de política general, que podría concluir con la aprobación de la ley de consultas, el viernes 19. La intención de Mas es firmar el decreto de convocatoria esa misma tarde, después de que salga publicado en un BOE catalán extraordinario, para evitar un recurso exprés a la ley y poder así cumplir con su promesa de haber convocado un referéndum legal, pues el decreto estaría amparado por una norma autonómica vigente.
Lo estará, pero poco tiempo, porque el PP y el Gobierno van a acelerar los trámites. El objetivo, señaló Sánchez Camacho, es que haya el «mínimo tiempo posible» entre la interposición de los recursos y la suspensión. «Todo eso está trabajado y preparado», dijo. Desde la Generalitat evitaron entrar en el terreno de las «especulaciones». «Si el Gobierno ya sabe en cuántos días dictará un pronunciamiento el Constitucional, me provoca cierta sorpresa», afirmó el portavoz, Francesc Homs. «Como seguro que no es así, porque no lo pueden saber, ya se verán los hechos», remató.
El doble recurso del Gobierno, que deberá antes pedir informe al Consejo de Estado, tendrá como base algunas de las tachas de inconstitucionalidad que ya adelantaron los cuatro (de nueve) miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña que no avalaron la ley de consultas. Principalmente que no se puede utilizar una norma autonómica para preguntar sobre la independencia de Cataluña, un asunto reservado a referéndum y cuya convocatoria es potestad exclusiva del Gobierno central. El Constitucional tiene jurisprudencia al respecto ya que en 2008 declaró nula la consulta impulsada por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe por invadir competencias del Estado.
Tras la suspensión, Mas tendrá dos opciones: acatar el veto o seguir adelante y celebrar la consulta a pesar de todo, quedando fuera de la ley y con el riesgo de que el Gobierno recurra al artículo 155 de la Constitución, que contempla incluso la suspensión de la autonomía.
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