El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha confirmado su decisión de archivar la investigación que seguía contra los consejeros de Banca Cívica por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico financiera.
El juez de la AN rechaza los recursos que presentaron UPyD, la Fiscalía y el expresidente Sanz, confirma el archivo de la causa en la que se investigaba la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica en un auto en el que rechaza los recursos de reforma planteados por las partes y defiende que la entidad envió al mercado ‘una foto fiel de su valor’
En un auto, el magistrado desestima los recursos de UPyD -partido que presentó una querella por estos hechos-, de la Fiscalía y del expresidente de Navarra Miguel Sanz y confirma el archivo de la causa y la inhibición de la misma a un juzgado de Pamplona para que investigue las operaciones delictivas que pudieron cometerse en Caja Navarra antes de que la absorbiera Banca Cívica.
Los recurrentes basaban su recurso en la falta de documentación relevante para aclarar los hechos y que impedirían dar certeza a las conclusiones del informe pericial remitido al instructor.
Sin embargo, el juez entiende que los peritos analizaron la información financiera de 2010 y 2011 y estima que «está bien valorada, enviando al mercado una foto fiel de su valor».
Eloy Velasco reitera que en la integración, absorción y compra por Caixabank de Banca Cívica no hubo delito, que el saneamiento contra reservas fue un proceso generalizado en el sector de las cajas por falta de liquidez en el mercado, que el erario público ha reintegrado sus aportaciones, los preferentistas han recuperado sus inversiones y no se han apreciado irregularidades en la contabilidad.
El juez enmarca los hechos en el momento de crisis económica y en una coyuntura bancaria en la que era necesario realizar ajustes para incrementar liquidez por imperativo de la normativa comunitaria.
Añade que estos factores explicarían la disminución de la solvencia de la entidad, que sin embargo «reflejó -según Velasco- de manera adecuada su situación patrimonial».
El juez critica a los denunciantes por pretender una «causa general o investigación de tipo prospectiva» que, según el magistrado, puede responder más a una «frustración política por haberse negado a la parte denunciante una comisión de investigación parlamentaria».
De esta forma, solo una parte de la investigación se llevará por parte del juzgado de instrucción 3 de Pamplona, en concreto una querella por la presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra con inversiones inmobiliarias y otras operaciones sospechosas.
El expresidente navarro se refirió en su recurso a la inhibición a Navarra de esta parte de la investigación, una decisión que tomó el juez al entender que son hechos que se circunscriben a actuaciones «muy reducidas al ámbito navarro y que no es competencia de la Audiencia Nacional.
