El Fondo Foral de Vivienda Social facilitará un inmueble de forma temporal a aquellas personas que estén en situación de exclusión o riesgo de perder su vivienda, sea en propiedad o en alquiler, por una caída de ingresos. Esta bolsa contará en un primer momento con 33 inmuebles, de los que 18 proceden de las antiguas viviendas de camineros del Gobierno de Navarra y 15 son de la empresa pública Nasuvinsa; además otras 15 han sido cedidas a entidades locales y sociales para que las destinen a personas con necesidad.
Esta medida extraordinaria se suma a las ayudas económicas que ya ofrece el Gobierno de Navarra a quienes tienen dificultades económicas para que puedan permanecer en sus hogares haciendo frente a sus deudas. En concreto, durante 2013 apoyó con más de 2,35 millones de euros a más de 3.000 familias para que financiaran sus hipotecas y cuotas de alquiler, pudieran adquirir un equipamiento básico para sus hogares o tuvieran un acompañamiento profesional que les ayudara a mantener o acceder a una vivienda.
Asimismo, el Gobierno de Navarra ha previsto otras dos medidas temporales, hasta el 31 de diciembre de 2017, para ayudar a quienes tengan dificultades para acceder o renovar un alquiler de vivienda social. De este modo, no será necesario acreditar unos ingresos mínimos de 3.000 euros para renovar o prorrogar el contrato de arrendamiento. Además, los inquilinos que acrediten un empeoramiento de su situación personal, laboral o económica que no esté reflejado en su declaración de la renta del año anterior podrán acceder a una subvención del 75% de la renta para la nueva anualidad.
Estas acciones han sido presentadas por los consejeros de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y de Fomento, Luis Zarraluqui, al término de la sesión de Gobierno celebrada este miércoles, 11 de junio.
Durante su comparecencia, los dos consejeros también han dado a conocer el resumen de las principales actuaciones relacionadas con vivienda social y protegida realizadas por los departamentos que dirigen durante el último año. Entre estas últimas destacan los 10,3 millones de euros de subvenciones a 3.126 familias inquilinas de vivienda protegida, los cerca de 7 millones para promotores de 249 viviendas protegidas en alquiler y los 4,4 millones de ayudas a 264 compradores de una vivienda protegida.