La Policía Nacional ha detenido a 313 personas y ha imputado a otras 328 por un fraude al erario público que supera, según fuentes de la investigación, los 7,7 millones de euros. Las detenciones se han desarrollado en tres operaciones distintas en Barcelona, Gerona, Lérida, Valencia, Madrid, Cáceres y Alicante y en ellas se han investigado un total de 29 empresas ficticias ubicadas en Barcelona y que dieron 1.544 altas fraudulentas en la Seguridad Social para cobrar prestaciones y subsidios por desempleo.
Los más de trescientos detenidos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, así como de falsedad documental y estafa. La investigación se inició hace varios meses ante la sospecha de la Policía y de inspectores de trabajo de que estas 29 sociedades estaban cometiendo fraudes a la Seguridad social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La primera operación la inició la Policía Nacional en Gerona al detectar que doce empresas ficticias -con sede en Barcelona- habían dado de alta de forma fraudulenta a unos 744 trabajadores extranjeros para que pudieran cobrar las prestaciones de desempleo y obtener permisos de residencia. En esta primera operación se han arrestado a 105 personas e imputado a otras 144, la mayoría marroquíes en Barcelona, Gerona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante, por un fraude a la Seguridad Social que se eleva a 3,8 millones de euros.
La segunda investigación se ha desarrollado en Barcelona, a raíz de la denuncia de un vecino que afirmó que tres ciudadanos de origen pakistaní habían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma. Los agentes comprobaron que los sospechosos habían creado seis empresas para simular contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos extranjeros para cobrar el paro. En la operación se ha detenido a 53 personas y se ha imputado a otras 44 en Barcelona, Lérida, Valencia y Getafe, acusadas de un fraude de casi un millón de euros.
En la tercera operación, que se inició en junio de 2013, se ha detenido a 155 personas e imputado a otras 74, la mayoría marroquíes, en Barcelona, por un fraude a la Seguridad Social de tres millones de euros. En este caso, los detenidos habían creado una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona), con la que se contrataba y se deba de baja a trabajadores con falsos contratos laborales para que pudieran solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular períodos mínimos exigidos por la ley para cobrar el paro.
