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El PSN denuncia que el Gobierno de Navarra sigue sin emplear a los preceptores de Renta Garantizada

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Los socialistas lamentan la falta de autocrítica del Gobierno de Barkos en la gestión y la aplicación que realiza sobre la ley de Inclusión Social y Renta Garantizada

Nuria Medina, portavoz socialista en la materia, considera que “el departamento de Derechos Sociales limita sus esfuerzos en realizar una transferencia bancaria mensual y se olvida de implementar ayudas que garanticen un futuro lejos del círculo de pobreza en el que esas personas están sumergidas”. “La soberbia con la que actúa en este caso el consejero Laparra afecta directamente a la inclusión social real y el desarrollo profesional de las personas perceptoras”, ha dicho Medina.

Por otro lado, no comparte “la demonización que pretende transmitir UPN a través de un discurso catastrofista en el que, intencionadamente, pone el foco exclusivamente en los perceptores”.

Los socialistas exigen una reflexión institucional ya que “tras dos años desde la aprobación de la Ley es necesario conocer si la prestación permite la inclusión social y laboral real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, afirma Medina.

La socialista denuncia que el cuatripartito ha permitido que el Gobierno de Barkos “incumpliera su propia Ley”. Y es que, la norma establecía que a los seis meses de su aprobación debía ratificarse un plan de inclusión, “asunto que ha sucedido a los dos años, con las consecuencias negativas que eso conlleva al no estar garantizando un derecho básico como es la inclusión social”. A su vez, recuerda Medina, instauraba a que, al año de su aprobación, el Gobierno de Barkos evaluara el mecanismo de estímulos de empleo, algo que no se ha hecho. Por eso la socialista acusa a de Barkos y a sus socios de gobierno de “mostrar escaso interés por el cambio efectivo de este colectivo”.

La portavoz socialista defiende que la renta garantizada es un “derecho subjetivo imprescindible en una sociedad, la navarra, donde un 13% de la población está en situación de pobreza, pero debe ser concebida como una herramienta que garantice unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas en tanto y cuanto la administración garantiza procesos de inclusión que ayuden a estas personas a iniciar o retomar sus procesos vitales integrados tanto social como laboralmente”.

El objetivo principal para los socialistas es fortalecer la empleabilidad de los perceptores. Cuestión que, critica Medina, “el Gobierno de Navarra lleva dos años siendo incapaz de hacer, y como solución ha optado por ampliar programas de empleo social, que si bien son imprescindibles, deben estar dirigidos a perceptores con unas características concretas y no a todos de manera generalizada”.

Además, los socialistas lamentan que “los derechos tanto de inclusión social como de garantía de ingresos sean cuestionados por la mala gestión del Gobierno de Barkos”. Por tanto, exige al Ejecutivo que “establezca mecanismos para trabajar de manera coordinada con todos los recursos sociales, especialmente de los Servicios Sociales de Base y el Servicio Navarro de Empleo y consiga un consenso institucional en un área tan importante”.

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