José Manuel Holgado (d), ante una reproducción del coche bomba que ETA hizo explotar ante la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987.
La ciudad de Zaragoza ha recordado hoy a las 11 víctimas, seis de ellas menores, del atentado de la banda terrorista ETA contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la capital aragonesa en su trigésimo aniversario.
El acto central, que se ha celebrado en un parque bautizado como de la esperanza, justo donde se ubicaba el acuartelamiento atacado en 1987, ha sido presidido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado del presidente autonómico, Javier Lambán; la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba; el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FTV), Mari Mar Blanco.
En él, ante la presencia de familiares de las víctimas, supervivientes, miembros de la Benemérita y de las Fuerzas Armadas, representantes de todas las fuerzas políticas y numerosos vecinos, se han colocado dos recuerdos florales en el monolito dedicado a las 11 víctimas mortales del 11 de diciembre de 1987 en Zaragoza y en el monumento que preside dicho parque, en memoria de todos los niños asesinados por ETA, para quienes han entonado «La muerte no es el final», himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas.
En su discurso, el ministro Zoido ha calificado el acto como «necesario» y «de justicia» por un hecho que no solo conmocionó a la ciudad de Zaragoza, sino a toda España.
«Ellos -en referencia a los terroristas- sabían dónde lo hacían, por qué lo hacían y el significado que tenía», ha dicho, ya que, si hay algo que simboliza a la Guardia Civil, son sus casas cuartel.
Los terroristas destrozaron a familias enteras, pero no consiguieron hacer lo propio con «el espíritu de libertad de todos los españoles», ha añadido.
Zoido ha reconocido el compromiso de las víctimas, el trabajo de jueces y fiscales, la entrega de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la implicación de las Fuerzas Armadas en el fin de ETA, en especial estos dos últimos, los más castigados por la banda terrorista, como la Guardia Civil, que suma 243 asesinados.
Asimismo, ha remarcado que, gracias al «ejemplo ético» de las víctimas, España es hoy «una sociedad madura» y, en consecuencia, sabe diferenciar a las víctimas de los verdugos.
Por ello, ha instado a trabajar «todos juntos» para conseguir que ETA se disuelva definitivamente, entregue las armas, pague por sus crímenes y pida perdón.
El presidente Lambán ha insistido en que «no nos podemos permitir el lujo de la amnesia», que es «perjudicial para la salud de nuestra democracia».
Ha ensalzado también la respuesta de los zaragozanos que dos días después llenaron las calles «sumidos en el dolor» y que en apenas media hora donaron la sangre que los centros hospitalarios necesitaban.
Mari Mar Blanco ha recordado el carácter sanguinario de aquel 1987, en el que también se produjo el atentado de Hipercor en Barcelona y que se saldó con un total de 52 asesinados, 11 de ellos guardias civiles.
Asimismo, ha llamado a combatir el olvido y las versiones «tergiversadas» de la historia que pretendan reescribir aquel atentado. «No nos plegamos entonces a las armas, no lo haremos ahora ante la manipulación dialéctica», ha subrayado.
Previamente, además de la celebración de una misa en una iglesia cercana al ya desaparecido cuartel, que quedó parcialmente destruido tras la explosión del coche bomba con 250 kilos de amonal, se ha inaugurado una exposición en memoria de esta triste efeméride, que incluye una réplica del artefacto.
El agente del Instituto Armado José Manuel Bermejo, destinado en el equipo de explosivos de la Comandancia de Zaragoza, ha explicado a los medios que se trata de una reproducción fiel de aquel coche bomba, ya que dos años y cuatro meses después, en la localidad sevillana de Santiponce, se logró detener a Henri Parot, uno de los autores materiales, con un vehículo similar que pretendía explosionar en la capital hispalense.
Por su parte, Beatriz Sánchez, que vivía en dicho cuartel en el momento del atentado, del que salió ilesa cuando contaba solo cinco años, ha asegurado que se sienten «bastante desamparados» por los organismos públicos.
Ha lamentado que todavía haya gente luchando por que se les reconozca oficialmente como víctimas, entre ellos dos familias que vivían en este acuartelamiento, porque no lo reclamaron en su momento.
