Para el ciudadano español tiene que resultar indignante comprobar cómo los diferentes gobiernos que hay en esta tierra, no son capaces de defenderles. Defenderles de los abusos y de los peligros de la banca, por ejemplo.
Que asociaciones de consumidores o bufetes de abogados, tengan que asesorar a los ciudadanos para recuperar inversiones, que hoy ya no existen, por la pasividad, por la escasa vigilancia de sus gobiernos, clama al cielo.
Que, encima, los gobiernos no sean capaces de obligar a los bancos a devolver lo mal cobrado o gestionado, resulta intolerable.
Deberían existir los mecanismos necesarios para que, quien no tiene culpa alguna, el ciudadano, no cargue con las culpas de la banca, de su mala gestión. Estas situaciones lo único que hacen es perder la confianza en los gobernantes, manteniendo la idea de que solo trabajan para el poderoso y no para el débil. Lo sucedido con el Banco Popular no debería haber sucedido nunca.
