La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido este martes exposición razonada de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERES, «relativa a varias personas aforadas», según ha informado el alto tribunal sin ofrecer más datos en relación a las personas afectadas por esta decisión.
El documento viene acompañado de varios tomos del sumario, según las mismas fuentes
La juez Mercedes Alaya ha remitido parte del sumario de los ERE al Tribunal Supremo al estar involucrados personas aforadas. Entre estos «preimputados» se encuentran los los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que serían aforados ante el Supremo al ser miembros de las Cortes (el primero diputado y el segundo senador), y otras cinco personas, exconsejeros de la Junta de Andalucía.
El envío ha llegado esta mañana al Supremo, según han confirmado fuentes del alto tribunal, una vez que los funcionarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han terminado de empaquetar parte del sumario de más de 300.000 folios que, según las mismas fuentes, acompaña a la exposición razonada.
La magistrada ya dejó escrita el pasado viernes día 2 antes de sus vacaciones esta exposición para pedir al Tribunal Supremo que tome en consideración imputar a los aforados, así como la providencia dando cuenta de esta petición. El escrito va acompañado de audio, vídeo y varios tomos del sumario. La fuentes del Supremo agregan que hace referencia a varias personas aforadas, aunque no facilita sus nombres.
El paso dado otorga una dimensión nueva y de mayor relevancia al caso que ha puesto contra las cuerdas a los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía de las última década y que investiga un presunto fraude en 850 millones de euros otorgados en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis desde 2000 al primer tercio de 2011 (luego ampliado a 2012). Alaya empezó la investigación en enero de 2011 y hasta ahora ha imputado a 201 personas, entre ellas una cuarentena de cargos y altos funcionarios de la Junta de Andalucía, entre ellos dos exconsejeros, Magdalena Álvarez y Antonio Fernández. El Supremo decidirá si también serán imputados los expresidentes y otros cinco exconsejeros.
Relación de aforados
Estos son los aforados: Manuel Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009) y ahora diputado en el Congreso, aforado por el Tribunal Supremo; José Antonio Griñán (consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009 y desde este año a 2012 presidente de la Junta). Ahora es senador y por tanto aforado por el Supremo. Carmen Martínez Aguayo (consejera de Hacienda desde 2009 a 2013 y antes viceconsejera de Hacienda con Griñán), diputada autonómica y aforada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Antonio Ávila (consejero de Presidencia y luego de Economía y Empleo desde 2009 a 2013), diputado autonómico y aforado por el TSJA. Francisco Vallejo (consejero de Innovación desde 2004 a 2009), diputado autonómico y aforado por el TSJA. Manuel Recio (consejero de Empleo desde 2009 a 2012), diputado autonómico y aforado por el TSJA. José Antonio Viera (consejero de Empleo 2000-2004), diputado nacional y aforado por el Supremo.
Razones fundamentadas para la «preimputación»
En el auto del día 18 del pasado diciembre, por el que señalaba como «preimputados» a los mencionados, Alaya razonaba el por qué. La jueza subraya que la concesión de las ayudas a través de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación al IFA, luego IDEA, se hizo al margen de lo establecido en la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía; del reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001 y de la Ley de Subvenciones de 2003. También que estas concesiones «sin la fiscalización propia en el gasto y en pago por parte de la Intervención, como control de legalidad, se pudo producir gracias a la presupuestación también continuada de dicha partida de transferencias de financiación, primero a través de las modificaciones presupuestarias, y luego a través de las propias leyes de Presupuestos».
Alaya se apoya en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que dice que se utilizó de «forma inadecuada» la figura de las transferencias de financiación, «obviando el procedimiento administrativo legalmente establecido para gastos de esta naturaleza». También en los informes de advertencia del interventor general de la Junta sobre el uso inadecuado del procedimiento.
La jueza explica que según la legislación andaluza, las transferencias debían ser utilizadas para equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas públicas. Señala que la utilización contraria a la legislación de dichas transferencias se inicia con las siete modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por importe de 93 millones de euros no previstas en las leyes presupuestarias y que se financiarían con la baja de las partidas destinadas precisamente a las subvenciones. Añade que estas modificaciones fueron aprobadas por los consejos de Gobierno que presidía Manuel Chaves y a propuesta de la consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez.
También que a partir de 2002 ya aparecen las ayudas mediante transferencias al IFA en partidas propias de los presupuestos. Señala como responsables y conocedores de el procedimiento a todos los integrantes de las reuniones «de alta cualificación técnica» entre la Consejería de Hacienda y la afectada en cada caso. En esas reuniones con la de Empleo para concretar las partidas presupuestarias debieron estar los viceconsejeros de Hacienda (Martínez Aguayo) y los secretarios de Economía (Ávila), entre otros cargos y que todos debieron conocer como se incluía la partida de los ERE con un procedimiento inadecuado para su concesión a través del IFA.
