La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado este lunes.
El juez José Castro dictará antes de Nochebuena el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, donde determinará si se abre o no el proceso contra la infanta Cristina y se sienta en el banquillo acusada de dos delitos fiscales por Manos Limpias, que pide una condena de 8 años de cárcel.
En la resolución que está previsto que acuerde en breve, el juez de Instrucción número 3 de Palma pedirá la apertura de juicio oral y definirá si deja fuera a alguno de los veinte acusados para quienes la partes se han pedido penas de prisión.
La posible controversia afecta a seis acusados para quienes únicamente las acusaciones populares piden cárcel, mientras la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares no. Entre ellos figuran la infanta Cristina y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, para quienes la Fiscalía y sus defensas han pedido al juez Castro que archive la causa en aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la llamada «doctrina Botín».
La ‘doctrina Botín’
Esa doctrina la fijó el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 donde sobreseyó el proceso contra cuatro imputados, entre ellos el que fuera presidente del Banco de Santander Emilio Botín, porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron el sobreseimiento de la causa por inexistencia de indicios racionales de la comisión del delito y consideró que la acción popular no estaba legitimada para abrir en solitario juicio oral.
La Audiencia de Palma señaló sin embargo, en el auto del 7 de noviembre en el que mantuvo la imputación de la infanta, que existe un matiz que distingue la causa que dio lugar a la doctrina Botín del caso Nóos, porque doña Cristina está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que supuestamente cometió Iñaki Urdangarín, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que acusan por este tipo delictivo.
