Indonesia, Malasia y Tailandia empujan las embarcaciones hacia el mar
Alrededor de 6.000 inmigrantes bangladeshíes y rohingyas continúan a la deriva en condiciones muy precarias, según la ONU, que criticó que Malasia, Indonesia y Tailandia hayan puesto en marcha «una política de devolución» al mar de embarcaciones.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, pidió a los gobiernos de esos tres países que «actúen rápidamente para proteger las vidas» de los inmigrantes.
Aunque felicitó a Indonesia por haber permitido hace cinco días el desembarque de 582 inmigrantes y a Malasia por haber hecho lo mismo al día siguiente con 1.018, les advirtió de que impedir ahora la llegada o negarse a rescatar embarcaciones repletas de personas es igual a poner en peligro sus vidas.
Tailandia instó a presionar Birmania (Myanmar) para que se implique ante el aumento de migrantes que parten en embarcaciones en el golfo de Bengala, después de que Naypyidaw se haya desmarcado de un encuentro regional convocado para abordar la crisis, previsto el próximo día 29.
Unos 6.000 bengalíes y rohingya, una minoría musulmana perseguida en Birmania, siguen atrapados en embarcaciones a la deriva en alta mar a la espera de poder desembarcar en algún lugar, según la ONU.
La ONU también criticó las amenazas lanzadas por países de la región de «criminalizar» a inmigrantes y solicitantes de asilo vulnerables y que han ingresado de manera irregular.
«Los gobiernos del Sudeste Asiático deben responder a este crisis partiendo del principio de que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, de la manera en que han cruzado las fronteras o de donde vienen, son personas con derechos que se deben respetar», dijo Zeid.
Recalcó que ponerlos en centros de detención no es una solución y que en cambio hay que concentrar los esfuerzos contra los traficantes de personas.
Se estima que el año pasado unos 53.000 inmigrantes partieron por mar desde Bangladesh y Birmania, donde la minoría musulmana rohingya es perseguida y vive en condición de apátrida, pues el Gobierno rechaza reconocerlos como nacionales.
