Aprobada la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo

El Pleno ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de UPN, EH Bildu, PPN y no adscrita y el voto en contra del G-Mixto, la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. La nueva regulación, que tendrá efectos retroactivos generales para los actos terroristas cometidos desde el 1 de enero de 1960 (excluidos los daños materiales), abre un plazo de cuatro años para reclamar las ayudas complementarias pendientes por fallecimiento o lesiones e incorpora un complemento del 30 % sobre las indemnizaciones estatales por responsabilidad civil.

La Ley impulsada por el Gobierno de Chivite tiene por objeto actualizar la regulación, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y sus familias para, mediante la instauración de un marco integral de reconocimiento, protección y reparación, reforzar el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia.

El ámbito territorial de aplicación comprende tanto los atentados cometidos en Navarra como los ocurridos en el resto de España o en el extranjero, siempre que las víctimas tengan la condición política navarra en el momento de los hechos o hayan nacido en Navarra.

El nuevo texto, que viene a sustituir a la Ley Foral 9/2010, regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30 %, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado. A su vez, incorpora compensaciones por situaciones de dependencia.

Asimismo, la ley consigna reglas específicas, con sus correspondientes condiciones y plazos, para determinadas prestaciones vinculadas a hechos anteriores al 1 de enero de 1960. En concreto, permite solicitar (durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor) las ayudas complementarias por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a quienes hubieran percibido la correspondiente ayuda estatal, pero no la complementaria de Navarra.

Por otra parte, en el transcurso del debate efectuado en Pleno se ha aprobado una enmienda in voce, suscrita por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que incorpora la indemnización extraordinaria en concepto de responsabilidad civil. En concreto, la Administración de la Comunidad Foral asumirá el abono de un complemento equivalente al 30 % de las cantidades reconocidas excepcionalmente por el Estado a estos efectos, exista o no sentencia judicial previa que las reconozca y cuantifique. Esta ayuda se aplicará con carácter retroactivo, beneficiando a quienes hayan percibido la indemnización estatal tanto antes como después de la entrada en vigor de la norma.

Esta nueva prestación dimana de las recientes modificaciones en la normativa estatal (Ley 29/2011), impulsadas a través del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, y convalidadas hoy mismo por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Dicha reforma equipara el derecho a la ayuda estatal por responsabilidad civil entre todas las víctimas, eliminando la desigualdad que existía para quienes carecían de sentencia firme o pronunciamiento judicial al respecto. Al agregar este complemento a su catálogo de ayudas, Navarra se convierte en la primera Comunidad Autónoma en trasladar esta equiparación a su ordenamiento.

El resto de las previsiones contenidas en la enmienda in voce, respaldada también por UPN (abstenciones de PPN y no adscrita y oposición del G-Mixto), aluden a disposiciones temporales y correcciones técnicas dirigidas a subsanar, para la correcta aplicación de la Ley, diversas omisiones producidas durante el examen del dictamen en Comisión.

También se disponen ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes, así como medidas de asistencia sanitaria y psicológica, apoyo para el acceso a vivienda protegida, becas al estudio, estrategias de inserción laboral y posibles beneficios en el ámbito fiscal.

Las ayudas, que alcanzan a familiares y otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras, en los términos previstos en la ley.

El proyecto incluye, además, subvenciones e iniciativas de respaldo a las asociaciones y entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, todo de cara a favorecer la atención y protección de las personas perjudicadas.

En materia de memoria y convivencia democrática, la norma prevé actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Asimismo, se contempla el impulso de iniciativas educativas orientadas a promover los derechos humanos, preservar la memoria y dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia.

El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento, y crea el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo, en calidad de órgano consultivo y de asesoramiento destinado a canalizar la participación de las asociaciones representativas en las políticas públicas.

Dicha entidad, adscrita al departamento de memoria y convivencia, estará presidida por el Consejero competente en la materia, cuyo director/a general ocupará la Vicepresidencia, quedando la Secretaría para la unidad adscrita a esa dirección. De las 10 vocalías previstas, 4 se reservan a las asociaciones de víctimas más representativas, 3 a departamentos competentes en cuestiones relacionadas con la presente ley, 2 al Parlamento de Navarra y 1 a la FNMC. Entre sus funciones se sitúa la evaluación periódica de esta norma, que deberá plasmarse en una memoria anual.

En el ámbito de la vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y requieran especial protección, conforme a los criterios económicos y sociales previstos en la norma.

A su paso por Comisión, los grupos de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, completaron lo dispuesto en el proyecto con una serie de consideraciones relativas a la protección y violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y al recuerdo y reconocimiento institucional de las víctimas.

En ese sentido, la Ley confiere al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un Censo que recoja todos los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, se emplaza a abordar el desarrollo reglamentario preciso para “definir las acciones u omisiones” que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de dichos lugares, igualmente en lo referido a la “retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista”.

Dichas previsiones, que incorporan un régimen sancionador, se hacen extensivas a las Entidades Locales, cuya inacción, también cuando los elementos contrarios a la memoria y la dignidad se encuentren en “edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público”, será suplida por el Gobierno de Navarra, “a costa de las administraciones locales”.

De modo complementario, la norma prevé la incorporación de cláusulas (en subvenciones, contratos públicos, convenios) tendentes a “impedir la utilización de fondos públicos para actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista”.

En el entorno del reconocimiento institucional y memoria de las víctimas, la cobertura se extiende a las personas que sufrieron “amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política” de organizaciones terroristas y cuyas vidas, según se precisa, “debieron ser protegidas”.

Las aportaciones de UPN hacen alusión a la exposición de motivos, donde se vincula la consecución de una sociedad “justa, pacífica e inclusiva al debido ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación (individual y social) de las víctimas del terrorismo, principalmente de ETA, que es la que más víctimas ha causado en Navarra”.

Por otra parte y en lo que atañe al Consejo Navarro de Participación de Víctimas del Terrorismo, se amplía de uno a dos el número mínimo de sesiones ordinarias, a fin de establecer una equiparación con otros consejos de ámbito foral.

Una vez dictaminada, la Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, que incorpora la perspectiva de género de un modo transversal, vinculado a la igualdad efectiva de hombres y mujeres, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPN.