Somos Conexión
NAVARRA INFORMACIÓN
Miles de hogares rurales siguen sin acceso a una conexión de calidad por falta de rentabilidad para las grandes operadoras
En pleno siglo XXI, el acceso a una conexión de calidad a Internet ya no es un lujo, sino un derecho fundamental equiparable al agua o la electricidad, clave para la igualdad de oportunidades, el teletrabajo y la lucha contra la despoblación rural. Sin embargo, las grandes operadoras estatales siguen rigiéndose exclusivamente por criterios de rentabilidad financiera, condenando al aislamiento digital a miles de personas que viven en barrios periféricos, viviendas dispersas o pequeños municipios como La Molsosa (Solsonès).
Desde Somos Conexión, cooperativa de telecomunicaciones sin ánimo de lucro, se denuncia esta situación. Mientras que en las zonas urbanas o en los núcleos altamente concentrados del entorno rural la fibra óptica se ha convertido en una realidad habitual, la situación cambia radicalmente cuando se trata de conectar viviendas aisladas, urbanizaciones alejadas o pequeños municipios.
Para las grandes multinacionales del sector, “instalar dos postes de fibra para conectar una sola vivienda es una inversión que no están dispuestas a asumir”, denuncia el equipo técnico de la operadora.
Un problema que el mercado no resuelve
El acceso a Internet en las zonas rurales dista mucho de ofrecer una verdadera libertad de elección. Aunque los núcleos concentrados dispongan de conexión, a menudo dependen de una única operadora (generalmente Telefónica), lo que genera un monopolio de facto en el que la ciudadanía no puede elegir. Aunque la regulación impulsada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mediante servicios mayoristas como NEBA, que obliga a alquilar las redes a terceros para evitar monopolios, esta medida solo resulta efectiva allí donde la infraestructura ya ha sido desplegada.
A esta situación se suma un modelo de despliegue de infraestructuras poco eficiente desde el punto de vista económico y ambiental. En buena parte de España, cada operadora construye y mantiene su propia red de fibra óptica, lo que se traduce en una duplicación innecesaria de cableado, postes y equipos electrónicos. Es un modelo comparable al de construir tres o cuatro autopistas paralelas para llegar al mismo destino: una redundancia que incrementa el consumo de materiales, energía y recursos para prestar un mismo servicio. Desde Somos Connexión defienden que una planificación basada en redes abiertas y compartidas permitiría reducir el impacto ambiental, optimizar la inversión pública y privada y garantizar un acceso más equitativo a la conectividad.
Por su parte, la planificación pública también resulta insuficiente. Herramientas como la Xarxa Oberta de la Generalitat de Catalunya proyectan mapas institucionales idílicos que muestran cómo la infraestructura llega teóricamente a los municipios. Sin embargo, la infraestructura se queda a las puertas de la realidad: cubre los edificios públicos mínimos para «no molestar al libre mercado» e ignora las necesidades de los vecinos y vecinas más aislados. Además, los ayuntamientos siguen sin disponer de mecanismos ágiles para identificar oficialmente las “zonas grises”, con déficit de cobertura, y reclamar nuevos despliegues allí donde existe una necesidad social evidente.
Ante este abandono por parte del sector privado y la timidez de las administraciones públicas, los vecinos y vecinas se ven abocados a alternativas precarias o profundamente injustas. Los routers 4G o 5G sufren las limitaciones de cobertura de las antenas rurales —también infrafinanciadas y saturadas—. El satélite tradicional ofrece pocos megabytes, inestabilidad por las condiciones meteorológicas y precios abusivos. «Mientras el despliegue de fibra continúa avanzando en las zonas urbanas, miles de personas que viven en municipios pequeños o en viviendas diseminadas siguen quedando al margen. Esta situación agrava la brecha digital y genera una desigualdad territorial que no debería existir en un servicio esencial como las telecomunicaciones», afirman desde Somos Conexión.
Como consecuencia, muchos hogares acaban recurriendo a servicios de grandes corporaciones globales como Starlink (propiedad de Elon Musk), que suponen un coste medio de unos 40 euros mensuales, además de un elevado desembolso para la instalación de la antena específica. Como recoge el testimonio de una de las personas afectadas: “He tenido que pagar a la persona más rica y con menos valores en materia de justicia social y sostenibilidad del mundo para poder tener conexión en casa. No tengo alternativas”. Esta creciente dependencia de plataformas privadas para garantizar un servicio esencial plantea interrogantes sobre la concentración del control de las infraestructuras digitales en manos de grandes corporaciones, cuyas decisiones responden a estrategias empresariales y no a criterios de interés general o cohesión territorial. Una situación de dependencia colonial y de feudalismo tecnológico que agrava la vulnerabilidad y la brecha digital de quienes residen en el medio rural.
El modelo cooperativo como trinchera y solución
Frente a un modelo basado exclusivamente en criterios de rentabilidad económica, hay quienes construyen alternativas viables desde la economía social y solidaria. Históricamente, experiencias comunitarias como las de Guifi.net en municipios como Flix o Ascó demostraron que la organización popular puede llevar la conectividad allí donde el capitalismo no quiere llegar. Hoy en día, redes como Punt d’Accés demuestran que la ingeniería civil y de telecomunicaciones puede ponerse al servicio del bien común.
Somos Conexión reclama un cambio radical en las reglas del juego. “Exigimos que la financiación europea destinada a la digitalización sea fiscalizada con rigor, garantizando que los fondos públicos sirvan realmente para conectar las realidades más olvidadas y no para engordar los balances de los de siempre. La fibra óptica es un servicio esencial: hace falta una planificación pública y comunitaria que sitúe la inclusión social y el bienestar de las personas por encima de los márgenes de beneficio corporativo”, concluyen desde la cooperativa.
