El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha enquistado el debate en la Comisión del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos en septiembre para intentar cerrar una serie de recomendaciones sobre la viabilidad de la Seguridad Social que deberían haber estado listas en julio
Tras casi ocho meses de debate en esta comisión por la que han pasado una treintena de altos cargos, expertos, técnicos o representantes de patronales y sindicatos, los grupos parlamentarios no han conseguido cerrar las dos primeras recomendaciones: las fuentes de financiación del sistema y la revalorización de las pensiones.
Dos recomendaciones deben garantizar la suficiencia del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Si hay coincidencia en que las bonificaciones o reducciones a la Seguridad Social y los gastos de gestión y operativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se financien vía PGE, presupuestos generales de Estado, con el fin de aliviar el déficit del sistema.
Los partidos políticos también han avanzado en concretar que la financiación de las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) se mantenga dentro del sistema y no se financien con impuestos.
El principal escollo que ha paralizado el Pacto de Toledo está en el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que PSOE, Unidos Podemos o ERC quieren derogar para que los pensionistas vuelvan a ligar la subida de su prestación a la inflación.
Fuentes del Ministerio de Empleo insisten en que «es el Pacto de Toledo quien señala el camino, y no el Gobierno», y niegan que el actual IRP suponga que todos los años las pensiones se revaloricen obligatoriamente el 0,25%.
