Carlos Gimeno portavoz socialista en el Parlamento de Navarra
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El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución del PSN por la que se insta al Gobierno de Navarra a “aportar recursos adicionales a los centros en función de las características socioeconómicas de la zona en que estén situados y del tipo de familia del alumnado que lo componen”
Se pide también “vincular la necesaria política de consolidación y distribución de recursos humanos, materiales y económicos del Departamento de Educación, a las necesidades del alumnado, los centros, los barrios y las zonas”.
Así el portavoz socialista de Educación, Carlos Gimeno, ha reclamado al Gobierno de Navarra más recursos humanos, materiales y económicos para los centros que concentran un alto índice de alumnado con desventaja sociocultural, que en algunos casos alcanza incluso al 89% del total de la matrícula.
Ha señalado que la Educación debe perseguir como objetivo fundamental la equidad, la igualdad efectiva de oportunidades y la eliminación de todo tipo de discriminación.
En la moción socialista debatida hoy en el Pleno del Parlamento se indica textualmente que “todos los centros sostenidos con centros públicos deben asumir la responsabilidad social en la escolarización de todo el alumnado, evitando la fragmentación social. No aceptemos un modelo de enseñanza que no sea inclusiva es contrario al modelo de sociedad del siglo XXI”.
En ese marco, ha solicitado reforzar las plantillas docentes implicadas en el proyecto educativo, reducir ratios y la aprobación de un “reglamento orgánico para los centros públicos de Educación Especial en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra”.
En la exposición de motivos, el PSN llama a la Administración a “adoptar cuantas medidas tendentes a asegurar una equilibrada distribución del alumnado se requieran para, en aras a la igualdad efectiva de oportunidades, evitar la concentración del estudiantado desfavorecido en los centros públicos”.
El proponente entiende que “todos los centros sostenidos con fondos públicos deben asumir su responsabilidad social, a fin de evitar la fragmentación social y garantizar una escuela de calidad para todos, también para el alumnado con necesidades educativas especiales, que ha crecido de forma significativa”.
En ese contexto y tras subrayar el “déficit de instrumentos de compensación, especialmente acusado en gran parte de la zona rural”, se emplaza a procurar un “equilibrio entre los principios básicos de inclusión y normalización, de modo que la respuesta educativa se ajuste a las necesidades del alumnado”.
