
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE han registrado en el Parlamento una proposición de Ley Foral para la creación de una Oficina anticorrupción, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de corrupción.
Con la iniciativa persiguen también, han informado hoy en un comunicado, fomentar las buenas prácticas y preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del sector público de Navarra.
Los cuatro partidos que sustentan el Gobierno foral han mostrado su convicción de que para combatir la corrupción y fortalecer las buenas prácticas «es imprescindible que la sociedad intervenga en el control de la Administración pública».
Y para garantizar la participación a su juicio se deben crear mecanismos «reales» de participación ciudadana en el control «eficaz» de sus instituciones y establecer sistemas de rendición de cuentas de los responsables políticos ante la ciudadanía y sus órganos de representación.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, han subrayado, debe promover y establecer medidas para prevenir, investigar, combatir la corrupción, fomentar y mejorar las buenas prácticas y proteger a los denunciantes.
Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las instituciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra «para evitar que se produzca un menoscabo moral en ellas y un empobrecimiento económico en la Hacienda Pública redundando en perjuicio de la ciudadanía y en la merma en la calidad de los servicios públicos».
Su ámbito de actuación abarca al conjunto de instituciones que conforman la Comunidad Foral, aunque, según la proposición de Ley Foral presentada, también puede actuar sobre empresas y entidades privadas y personas físicas en función de su relación con las Administraciones.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción se articula en torno a cuatro grandes principios que constituyen sus ejes de actuación: prevención, investigación, control y evaluación de las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción, y protección de las personas que, perteneciendo al ámbito de actuación de esta ley, denuncien conductas sospechosas o prácticas irregulares que produzcan menoscabo moral o económico a las instituciones.

