Cali refuerza las medidas de seguridad ante la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. VATICAN NEWS
Mientras el presidente elegido en junio, Abelardo de la Espriella, asumía el cargo este 7 de agosto, los territorios remotos de Colombia se ven inmersos en una nueva espiral de violencia, casi diez años después de la firma del acuerdo de paz alcanzado entre las FARC y el Gobierno colombiano. La Iglesia trabaja sobre el terreno por la reconciliación nacional, explica monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
En Colombia, país que el Papa Francisco visitó del 6 al 11 de septiembre de 2017, en su 20º viaje apostólico, un año después del acuerdo de paz alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, el presidente elegido en junio, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo este 7 de agosto, en un contexto de deterioro de la seguridad en el país. Los territorios remotos se ven inmersos en una nueva espiral de violencia. Sin embargo, después de décadas de violencia que provocaron cientos de miles de muertos y millones de desplazados, el 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente un histórico acuerdo de paz. Rechazado inicialmente mediante referéndum, una versión revisada del acuerdo fue firmada posteriormente el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, poniendo fin a 50 años de conflicto armado.
Una década después, las víctimas del conflicto armado siguen buscando verdad y justicia. El martes 5 de agosto, 27 antiguos guerrilleros de las FARC fueron procesados por el tribunal de paz por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual. La reconciliación nacional pasará ante todo por la justicia, afirma en una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Para él, la verdad, la justicia y la reparación son indispensables para una paz duradera. Monseñor Henao considera, además, que las prioridades del país deben ser la protección de las poblaciones más vulnerables, el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones marginadas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas y la promoción del diálogo. La Iglesia, afirma, continúa desempeñando su papel de mediación, acompañamiento de las víctimas y promoción de la reconciliación en un contexto marcado por una fuerte polarización política.
En 2016, el acuerdo de paz con las FARC había suscitado una inmensa esperanza… Diez años después, ¿qué balance se puede hacer?
Es un balance necesariamente matizado. Por un lado, el acuerdo de 2016 salvó miles de vidas, permitió la desmovilización de los mayores grupos armados del país y sentó unas bases institucionales inéditas para la verdad y la justicia transicional. Por otro lado, el retraso en la aplicación integral de las reformas rurales y la lentitud de la presencia social del Estado en las regiones periféricas han dejado un vacío dramático que rápidamente ha sido ocupado por otros factores de violencia. La paz no se compra con una firma. Es un proceso exigente que requiere una perseverancia política y social continua.
En varias regiones del país, la violencia ha vuelto. ¿Cómo explica que la paz alcanzada con las FARC no haya permitido poner fin al conflicto armado?
En estos momentos, aquí en Colombia, la situación es crítica a causa del narcotráfico. Y esto constituye una de las causas estructurales que alimentan los conflictos, en particular el narcotráfico, la explotación minera ilegal y la ausencia de alternativas económicas sostenibles para los campesinos. La desmovilización de las FARC abrió un espacio que el Estado no ocupó plena y rápidamente en el plano civil y social. Por ello, grupos disidentes, facciones criminales y otras guerrillas proliferaron para controlar esta economía, tanto lícita como ilícita, y este territorio estratégico. Ahora la población civil se encuentra en estas regiones, en situaciones a veces críticas debido a la proliferación de grupos armados por todo el país.
¿Por qué los dos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, siguen enfrentándose hoy?
Los enfrentamientos se explican principalmente por la lucha por el control territorial, las rutas del narcotráfico y el poder coercitivo sobre la población rural.
Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procesó a 27 antiguos responsables de las FARC por crímenes de lesa humanidad y violencia sexual. Diez años después del acuerdo de paz, ¿qué significa esta decisión para las víctimas y para la sociedad colombiana?
En cuanto a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, es un paso crucial para la dignidad de las víctimas. Reconocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la violencia sexual es una condición indispensable para la sanación moral de los países. Para la sociedad colombiana, esto recuerda que la paz no puede basarse en la impunidad, sino en la centralidad de las víctimas, el reconocimiento del sufrimiento padecido y el rechazo absoluto a la repetición de los horrores que vivimos en el pasado.
Entrevista completa por Augustine Asta – Ciudad del Vaticano
