Hay algo profundamente contradictorio en la política española de estos días. Mientras los partidos engrasan sus maquinarias electorales ante una nueva cita con las urnas, buena parte de la sociedad parece estar librando otra batalla, bastante menos visible: la de llegar a fin de mes, encontrar una vivienda, conservar un empleo digno, cuidar a los mayores, sacar adelante a los hijos o no perder la esperanza en un futuro mejor. La política habla mucho de la sociedad, pero a veces da la impresión de que hace tiempo que ha dejado de escucharla.
La campaña vuelve a situarnos ante un escenario conocido pero que parece agudizarse por momentos: bloques enfrentados, acusaciones cruzadas, estrategias para desgastar al adversario y una permanente disputa por ocupar el centro de la conversación. Todo parece medirse en términos de quién gana y quién pierde, quién resiste y quién cae, quién consigue imponer su relato. Y, sin embargo, ¿cuánto de todo esto mejora realmente la vida de las personas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir quién debe gobernar y cuánto a preguntarnos para quién y para qué se gobierna?
No faltan datos para el optimismo. La economía crece, el empleo mantiene cifras importantes y algunos indicadores sociales han mejorado. Pero detrás de los promedios hay realidades que no encajan en el relato triunfalista: una de cada cuatro personas sigue en riesgo de pobreza o exclusión social, y el coste de la vivienda está convirtiendo en pobres a personas que, sobre el papel, no lo eran. No es una cuestión estadística para especialistas: significa que trabajar no garantiza poder vivir, que emanciparse se convierte en una carrera de obstáculos y que muchas familias tienen que elegir qué necesidad dejan sin cubrir. El crecimiento económico importa, pero la pregunta decisiva es cómo se reparte y a quién deja atrás.
Tampoco parece que hayamos aprendido a mirar a quienes sufren sin convertirlos en material para la confrontación política. La inmigración se utiliza con demasiada frecuencia para alimentar miedos y buscar culpables, cuando detrás de esa palabra hay personas que trabajan, cuidan, buscan una oportunidad y, muchas veces, sobreviven en condiciones que difícilmente aceptaríamos para nosotros. Algo parecido ocurre con la pobreza: se habla de ayudas, de cifras y de responsabilidades individuales, pero cuesta escuchar la vida de quienes encadenan trabajos precarios, no pueden pagar un alquiler o viven sin la seguridad de saber qué ocurrirá el mes siguiente.
Una sociedad que se toma en serio la dignidad humana tampoco puede seleccionar qué sufrimientos merecen atención. La vida vulnerable no empieza a importar cuando ya puede defenderse por sí misma ni deja de importar cuando enferma, envejece o pierde autonomía. El aborto interpela a nuestra capacidad de proteger la vida que comienza, pero también a la de acompañar a las mujeres que afrontan embarazos difíciles y ofrecerles apoyos reales. La eutanasia nos enfrenta al sufrimiento, a la soledad y al miedo a depender de otros; por eso, una sociedad verdaderamente humana debe garantizar cuidados paliativos, atención y compañía, para que nadie tenga que vivir el abandono como si fuera una condena. No basta con proclamar derechos o principios: hay que hacer posible que la dignidad de cada persona se respete.
Quizá el problema de fondo sea que hemos terminado aceptando una política demasiado reducida a la conquista y conservación del poder. Y el poder, por necesario que sea para organizar la convivencia, pierde su sentido cuando se convierte en un fin en sí mismo. Gobernar debería significar hacerse cargo de los problemas comunes, especialmente de aquellos que no tienen capacidad para hacerse escuchar. La calidad de una democracia no se mide solamente por la limpieza de sus elecciones o por la estabilidad de sus instituciones, sino también por la vida que permite llevar a sus ciudadanos y por la atención que presta a quienes más necesitan de los demás.
Por eso, estas elecciones importan. Importa quién gobierna, qué prioridades establece, qué recursos distribuye y qué derechos protege. Pero no podemos pedirle a una papeleta que haga lo que solo puede construir una sociedad entera. La vida no se detiene hasta que se forma un Gobierno, antes y tras el 29N hay que ir a trabajar, atender a un familiar, acompañar a un vecino, organizarse en el barrio, defender unas condiciones laborales justas y cuidar de quienes están solos. La responsabilidad política no empieza ni termina en las urnas.
Tal vez la pregunta que deberíamos llevar a esta campaña no sea únicamente a quién vamos a votar, sino qué estamos dispuestos a hacer para que nadie quede descartado. Porque una sociedad no se transforma solo cambiando a quienes ocupan el Gobierno, sino cambiando también aquello que considera normal, aquello que tolera y aquello por lo que está dispuesta a comprometerse.
Las elecciones no lo son todo, pero tampoco son nada. Son un momento importante de una tarea mucho más larga: construir una sociedad en la que la economía esté al servicio de las personas, el poder al servicio de la justicia y la convivencia no se levante sobre el miedo al otro. Una sociedad donde la vida de los últimos no sea una nota a pie de página de los programas electorales, sino una medida para juzgar toda decisión política.
Samuel Valderrey, profesor de secundaria

