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Gimeno se defiende ante la proposición de Ley de UPN contra el anunciado cierre de aulas en Navarra

Gimeno se defiende ante la proposición de Ley de UPN contra el anunciado cierre de aulas del gobierno de Chivite en Navarra

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha salido al paso del registro de Ley de UPN contra el anunciado cierre de aulas en los colegios de Navarra.

Gimeno justifica que si la proposición de ley regionalista es aprobada no se podrá ofertar la unidad de modelo D en Falces ni los nuevos ciclos de Cocina y Restauración de ETI San Juan en Tudela, entre otras consecuencias.

Es consejero doce que la proposición de ley foral de UPN sobre los conciertos educativos «presenta visos de inconstitucionalidad porque invade competencias que la legislación básica atribuye a las administraciones educativas y puede afectar a la regulación contenida en el artículo 27 de la Constitución Española que establece como derecho fundamental el derecho a la educación».

Gimeno ha dicho que esta proposición de ley “invade competencias legislativas básicas relativas a la planificación de la educación no universitaria de la Comunidad Foral de Navarra y genera un seísmo educativo de consecuencias difícilmente calculables” y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios frente al “despropósito” de la iniciativa regionalista.

Quien apoye esta ley deberá explicar quién sale ganando. Porque a la vista del informe que estamos terminando y de lo que estamos contando, la mayoría social de Navarra sale perdiendo”, ha remarcado el consejero.

Gimeno se remite al Informe de disconformidad con la proposición de ley regionalista y refiere profundas discrepancias jurídicas sobre la propuesta de UPN. Además ha advertido a las familias navarras de las redes educativas pública y concertada y a los docentes de la Comunidad Foral de las gravísimas consecuencias que puede acarrear la proposición de ley si es aprobada en el Parlamento Foral.

El consejero ha explicado que UPN quiere, mediante esta proposición de ley, «reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual». De forma, ha añadido, que haría «imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado».

Asimismo, Giemeno ha insistido en con esta proposición de Ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, y eso significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo.

“El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Así ocurrirá, por ejemplo, en centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia o Miravalles, en Pamplona y comarca, o en Compañía de María de Tudela. Los alumnos sobrantes deberán ser escolarizados en otros centros, bien concertados o públicos. Gimeno ha expresado su perplejidad por una propuesta que va a afectar gravemente a la garantía de libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijas e hijos. “En este momento”, ha dicho el consejero, “en la asignación provisional de plazas del procedimiento de admisión de 3 años para el curso 2026-2027, el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción. Con la proposición de ley de UPN”, ha continuado Gimeno, “este porcentaje se verá significativamente disminuido como consecuencia de la reducción de vacantes en los centros concertados por la baja general de ratios”.

Las consecuencias de la proposición de Ley, a la que ha calificado de “despropósito” de UPN, ha añadido Gimeno, alcanzarán de lleno a las familias de la red pública. Como ejemplo ha señalado que en aquellos centros en los que las solicitudes de preinscripción deberían permitir un aumento de unidades en 1º de Infantil no habrá vacantes para todos y habrá alumnado desplazado a otros centros, públicos o concertados. Esto pasará en el colegio público Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos se quedarían sin plaza, o en el colegio de Falces, donde Educación no podrá abrir la unidad de modelo D para que 13 familias han solicitado admisión para sus hijas e hijos. 

El Departamento, ha dicho Gimeno, está analizando incluso si esta proposición de ley obligaría a desplazar de sus centros actuales a alumnado de 2º de Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y 1º de ESO debido al rango legal de la iniciativa.

Además, dice el consejoero, que el despliegue de la Formación Profesional en Navarra se vería radicalmente afectado hasta el punto de que «no se podrán ofertar los nuevos cursos de Cocina y Restauración en ETI San Juan en Tudela», dado que la proposición de ley de UPN «no diferencia etapas ni diferentes itinerarios e impone una foto fija de unidades sin opción a ningún crecimiento». Gimeno ha advertido que obligaría incluso a no ofertar el 2º curso de los ciclos formativos al alumnado que ya está estudiando el primer curso y anularía de raíz el crecimiento de la oferta de FP para el curso 26-27 en 33 nuevos ciclos ya ofertada por el Departamento. “Esto es gravísimo porque deja a las familias en una gran incertidumbre”, ha denunciado el consejero.

Añade Gimeno que también afecta al proceso de elaboración de las plantillas de los centros educativos. Estos están elaborando ahora sus plantillas para el próximo curso con la intención de establecer la adjudicación de contratos en el mes de junio. Si se aprueba la propuesta de UPN habría que rehacer todas las plantillas y los centros no conocerían en el mes de junio su plantilla ni el profesorado que aspira a contratos administrativos tampoco su destino.

 

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