Emilio Jimenez-Vox
NAVARRA INFORMACIÓN
Vox acusa a Chivite de negarse por tercera vez a entregar los contratos completos de Sendaviva
Había pedido la documentación anexa a las licitaciones, como las condiciones esenciales y las ofertas de los licitadores que el Gobierno le ocultó en la solicitud anterior, al enviarle solo el texto de los contratos; ahora el Gobierno dilata su entrega “suplicando” una prórroga
El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha solicitado una prórroga para responder a la última petición de información formulada por VOX sobre los contratos de las obras de reconstrucción del Parque Natural Sendaviva. Esta es la tercera ocasión en que el Ejecutivo foral dilata o evita entregar la documentación completa solicitada por el grupo parlamentario, que incluye los pliegos de licitación, las ofertas presentadas y otros anexos relacionados con la empresa Adentro Construimos S.L. y el resto de licitadores.
La petición, registrada por el parlamentario Emilio Jiménez Román, se centraba en los documentos complementarios que forman parte integral de los cuatro contratos adjudicados para las reformas del parque tras el incendio de 2022.
En una respuesta anterior, el Gobierno remitió solo los contratos principales, omitiendo los anexos mencionados en la estipulación 8ª de cada uno, que incorporaban «las condiciones esenciales y la oferta y documentación presentada a la licitación por ADENTRO, siempre que esta última no esté en contradicción con los documentos indicados y con el presente contrato«.
En la comunicación oficial firmada por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaol, se invoca el artículo 15.1 del Reglamento del Parlamento para justificar la prórroga: «dado que su preparación no se ha podido ultimar en el plazo señalado«. La consejera asegura que la respuesta se enviará «a la mayor brevedad«, sin especificar un nuevo plazo.
Esta dilación se produce en medio de las crecientes acusaciones de falta de transparencia en el caso Sendaviva, donde los informes oficiales han señalado irregularidades. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y la Intervención General del Gobierno de Navarra han detectado indicios de fraccionamiento indebido en los contratos adjudicados a Adentro Construimos por cerca de 800.000 euros, lo que podría haber evitado procedimientos de licitación abierta.
Además, se ha denunciado la ocultación durante cinco meses del informe de la Intervención General, que obligaba al reintegro parcial de una subvención por estas presuntas anomalías, y que no fue revelado hasta una comparecencia de la consejera Esnaola en el Parlamento de Navarra, hace unas semanas.
Emilio Jiménez, portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, ha calificado la respuesta de la consejera como un nuevo intento de obstrucción. «Este Gobierno corrupto sigue dilatando torticeramente el caso Sendaviva, ocultando información clave que ya debería estar en manos de los representantes de los navarros. Su oscurantismo y falta de transparencia es una tomadura de pelo a todos los ciudadanos, pero tendrán que responder delante de un juez por estas maniobras«, ha declarado Jiménez.
Hay que recordar que la semana pasada VOX presentó un escrito de impulso procesal en el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, ampliando la querella inicial interpuesta en junio de 2025. La ampliación incorpora los informes de Anticorrupción y la Intervención General, y añade las acusaciones relacionadas con el empleo en el Grupo Parlamentario Socialista del hijo del propietario de Adentro Construimos, empresa que también reformó la sede socialista en Pamplona y la vivienda de Ramón Alzórriz, exsecretario de organización y exportavoz parlamentario socialista.
El juzgado ya abrió diligencias previas en enero de 2026 en las que solicitó los contratos completos al Gobierno, pero desde el Ejecutivo recusaron entregárselos, emplazando a la jueza a pedirlos directamente a la empresa pública NICDO o a Parquenasa. El caso Sendaviva continúa bajo escrutinio judicial y parlamentario, con VOX insistiendo en que las adjudicaciones podrían implicar delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El Gobierno de Navarra no ha emitido comentarios adicionales sobre la prórroga solicitada.
