Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
NAVARRA INFORMACIÓN
Los ayuntamientos del PP exigen a Sánchez la reforma “urgente” del sistema de financiación local y poder derogar la obligatoriedad del “tasazo” de basuras
Los ayuntamientos del PP denuncian que la situación financiera de los municipios se encuentra en una grave “parálisis”, motivada por la ausencia de presupuestos desde la pasada legislatura, y exigen una reforma “urgente” del sistema de financiación local, que deberá abordarse en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica.
“No aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada”, señalan los alcaldes del PP tras las reuniones que han mantenido durante las últimas semanas.
Acusan a Sánchez de convertir la gestión municipal en una “carrera de obstáculos”, imponiendo cargas sin financiación, bloqueando el uso de los remanentes y posponiendo el encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local.
“Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas”, denuncian.
Reclaman la convocatoria “inmediata” de la Comisión Nacional de Administración Local para abordar la reforma de la financiación autonómica y local: “Las ciudades necesitan planificación y previsión, no improvisación ni silencio administrativo por parte del Estado”.
Reprochan al Gobierno de Sánchez que haya impuesto a los ayuntamientos repercutir íntegramente el “tasazo” de basura a los ciudadanos. “Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos”, condenan.
Defienden “la plena autonomía fiscal de los ayuntamientos” y, por ello, exigen una modificación legislativa para derogar la obligatoriedad de la tasa de basuras: “Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa”.
Se comprometen a aplicar en sus ayuntamientos una “presión fiscal baja” para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la financiación de unos servicios públicos de calidad.
Abogan por poder invertir los remanentes municipales, propiciados por sus ahorros, en proyectos de inversión productiva y sostenible o en la construcción y promoción de vivienda.
