Institución Futuro analiza la efectividad de topar los precios del alquiler, con especial hincapié en el caso de Cataluña
El Gobierno de Navarra declaró ayer oficialmente 21 municipios de la Comunidad Foral como Zona de Mercado Tensionado, lo que sitúa a Navarra como la segunda CCAA en hacerlo, después de Cataluña. Este hecho implica medidas como la limitación de los precios del alquiler o el registro de grandes tenedores, todo ello con el objetivo de «destensar el mercado y paliar la insuficiente oferta de vivienda asequible actual». La declaración oficial tiene en Navarra una vigencia de tres años, hasta julio de 2028, cuando se evaluará la necesidad de prorrogar o no la medida en función de los resultados obtenidos.
En la rueda de prensa celebrada ayer se afirmó que «en Cataluña se está ya consiguiendo frenar la escalada de precios de alquiler e, incluso, reducir levemente los precios». ¿Pero es eso lo que está ocurriendo, es esa toda la realidad?
En marzo de 2024 entraron en vigor en Cataluña los topes a los precios del alquiler en 140 localidades, y en octubre de ese mismo año se añadieron otros 131 municipios. Según los datos del Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat (recogidos en un extenso reportaje de Idealista News), el precio del conjunto de los municipios que comenzaron a topar los precios del alquiler en marzo de 2024 ha sufrido, respecto al año precedente, un aumento del 1,51%. En las localidades que comenzaron a hacerlo en octubre de 2024, con poco margen temporal para implementar la medida, los precios del alquiler subieron casi un 5%. En el resto de municipios catalanes donde no hay control de precios, estos han aumentado un 3,12% en un año.
En el caso de Barcelona, ciudad donde el problema de acceso a la vivienda es especialmente grave, los precios se han reducido un 6,3% en el cuarto trimestre de 2024 respecto al primer trimestre de ese mismo año.
Un efecto que ha tenido la medida de la Generalitat ha sido una alarmante reducción del número de contratos de alquiler firmados en los municipios en los que comenzaron a toparse los precios en marzo de 2024, tal y como demuestra la siguiente gráfica. De 29.656 contratos firmados en el primer trimestre de 2024 se pasó a 23.461 en el cuarto, es decir, se produjo una disminución de más de un 20%.
En la ciudad de Barcelona, principal núcleo urbano, la reducción fue superior al 22% en el cuarto trimestre de 2024 respecto al primer trimestre de ese mismo año.
El poner un tope al precio del alquiler podría parecer una medida efectiva para hacer más asequible la vivienda a corto plazo. Sin embargo, en la práctica suele generar una serie de consecuencias no deseadas: la más obvia, la reducción de oferta de vivienda en alquiler. Los topes desincentivan a muchos propietarios a alquilar o a invertir en nuevas viviendas con ese propósito. ¿Estamos seguros de que esta medida, que entrará en vigor en Navarra en julio de 2024, será beneficiosa? A tenor de los datos de Cataluña, albergamos serias dudas al respecto.
