María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Sanchez. Archivo
Ibarrola tilda de “vergonzoso e irresponsable” que Montero cuestione la titulación de médicos en universidades privadas
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, en las que carga contra las titulaciones otorgadas en las universidades privadas, como “vergonzosas e irresponsables”.
“De una tacada ha tratado de sembrar la duda sobre las capacidades de los docentes de las universidades privadas y de los miles de profesionales que se dejan la piel tanto en la sanidad pública como privada. Son unas declaraciones vergonzosas y del todo irresponsables, viniendo de la vicepresidenta primera del Gobierno de España”, ha considerado Ibarrola.
La presidenta de UPN ha señalado el absurdo de cuestionar “unas titulaciones avaladas por el mismo Gobierno del que la propia Montero forma parte, en concreto por el Ministerio de Educación”. “Más irresponsable todavía es dudar de la calidad de los profesionales de la medicina, teniendo en cuenta que todos ellos, se hayan formado en la universidad pública o privada, pasan por el MIR, otra titulación avalada por el Gobierno, y atienden de forma extraordinaria a millones de personas que confían en su profesionalidad”, ha continuado.
Ibarrola también ha recordado las recientes manifestaciones de Montero en relación con la presunción de inocencia, manifestaciones por las que tuvo que pedir disculpas, y ha asegurado que “llueve sobre mojado”. “En poco más de una semana, la vicepresidenta primera del Gobierno de España ha cuestionado la presunción de inocencia, la calidad del 45% de las universidades del país y la capacidad de miles de profesionales sanitarios formados en España. Digamos que no es la mejor embajadora posible. Si no es capaz de abrir la boca sin decir una barbaridad, a lo mejor debería plantearse si tiene que hablar tanto”, ha considerado.
Por todo ello, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro ha exigido al Gobierno de España una rectificación pública y “una postura clara en defensa de todos los profesionales que ejercen conforme a titulaciones oficiales y acreditadas”.
