Factura de luz. Archivo
NAVARRA INFORMACIÓN
Irache recibe a decenas consumidores demandados por compañías de luz y gas por supuestas antiguas deudas, en ocasiones por servicios que no fueron contratados
Decenas de personas están acudiendo a la Asociación de Consumidores de Navarra Irache en los últimos meses porque su antigua compañía de luz o gas o una empresa de recobros le ha puesto una demanda monitoria por un supuesto impago, de cuantías que a veces no superan los doscientos euros, generalmente originadas años atrás.
Si el consumidor no se opone o paga, se reconoce la deuda
Por el proceso judicial monitorio, el consumidor solo tiene veinte días hábiles para oponerse a la reclamación de deuda. Si no lo hace ni paga la cantidad reclamada en este tiempo, el juzgado entenderá que la deuda es firme y puede abrir un proceso de ejecución forzosa para que sea abonada.
Si el consumidor se opone, el demandante puede solicitar juicio verbal
Si, por el contrario, el consumidor se opone a la demanda en los veinte días estipulados, el juzgado trasladará esta oposición a la empresa demandante. Esta tendrá diez días para impugnar y solicitar la celebración de la vista.
Una vez que el consumidor ha presentado escrito de oposición, algunas compañías no lo impugnan y la reclamación se queda ahí. Si, por el contrario, quieren seguir adelante y solicitan la celebración de juicio, el consumidor podrá acudir sin abogado ni procurador siempre que la cantidad reclamada no supere los dos mil euros, y podrá exponer por sí mismo sus argumentos ante el juez.
Sólo veinte días de plazo desde que se recibe la demanda
El problema de estos procesos es que si el consumidor no se mueve con agilidad y hace el escrito de oposición en veinte días, perderá el dinero que le reclaman, sin poder defenderse.
Algunos afectados han llegado a reclamar pasado este plazo y ya no había ningún margen de maniobra. Otros, por suerte, sí han acudido a tiempo a Irache, desde donde se les ha ayudado a realizar el escrito de oposición. Como hemos indicado, en algunos casos, una vez enviada la contestación, la empresa no ha querido continuar el proceso y el consumidor no ha tenido que pagar nada.
En otras ocasiones, han querido llegar a juicio, al que ha acudido el afectado y ha sido el juez el que ha decidido quién tenía razón.
Llamadas y ficheros de morosos
No es extraño que las compañías usen diversas vías para intentar cobrar supuestas deudas. Generalmente, primero tratan de hacerlo a través de reclamaciones por escrito o llamadas telefónicas.
En ocasiones, si no consiguen cobrar, amenazan al consumidor con incluirle en un fichero de morosos, amenaza que en ocasiones cumplen. Si la deuda no se puede demostrar y la inclusión en el fichero no está suficientemente justificada, ya hay sentencias que han establecido indemnizaciones a los afectados por estas inclusiones irregulares. Otras veces las empresas optan por ceder sus deudas a otras entidades especializadas en recobros.
Presión inaceptable
En ocasiones el número de llamadas o el tono agresivo de algunos empleados ejerce una inaceptable presión sobre los consumidores. Algunos de ellos, debido a la situación de ansiedad en la que se ven, prefieren pagar, aunque no tengan claro ni tan siquiera de dónde viene la supuesta deuda.
Al parecer, algunas de estas empresas están optando últimamente por iniciar demandas de procesos monitorios. Como se ha indicado, la deuda viene de tres, cuatro o cinco años atrás y el consumidor ya no suele recordar los detalles. Sin embargo, si no se opone a la demanda en veinte días, tendrá que pagar.
Subidas de precio, cambios de compañía, servicios vinculados, lecturas erróneas
En cuanto a los motivos de las supuestas deudas, en algunos casos se trata de personas a las que les subieron los precios al renovarse el contrato; cuando se dieron cuenta, no quisieron pagar el recibo porque decían que no les habían informado adecuadamente y prefirieron cambiarse a otra compañía.
En otros casos, la supuesta deuda viene de un cambio de empresa en el que la empresa “abandonada” les liquidó todo lo que quedaba por pagar de un servicio vinculado, ya fuese de mantenimiento, urgencias o protección de pagos. Estas liquidaciones rondan los cien euros.
Otras veces el consumidor no pagó porque consideraba que los recibos no respondían al consumo real de gas que estaba haciendo en la vivienda y, tras reclamar varias veces sin que le diesen solución, optó por irse a otra empresa sin pagar las cantidades que superaban el consumo real.
