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El CGPJ aprueba el anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y aborto

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El Pleno del CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y del aborto

Las niñas de 16 y 17 años no necesitarán consentimiento de representante legal para abortar.

El informe, leído por Roser Bach y Ángeles Carmona, ha obtenido diez votos a favor, cinco en contra y tres en blanco. Votación que ha incluido dos votos particulares: Uno de las vocales Mar Cabrejas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda que expresan su disconformidad con la edad para poder abortar y el otro de los vocales Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández porque no se trata la cuestión esencial del aborto.

Aprobación del informe sobre salud sexual y aborto

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en su sesión de hoy, por 10 votos a favor, 5 en contra y 3 en blanco, el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, del que han sido ponentes las vocales Roser Bach y Ángeles Carmona.

El texto ha obtenido los votos a favor del presidente del CGPJ, p.s., el vocal Rafael Mozo, y de los vocales Roser Bach, Ángeles Carmona, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, Enrique Lucas, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Los cinco vocales que han votado en contra, y que formularán voto particular, son Mar Cabrejas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda y el otro, Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández; mientras que han votado en blanco los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta y Clara Martínez de Careaga.

El dictamen, que se limita a analizar las modificaciones que el anteproyecto pretende introducir en la Ley Orgánica 2/2010, valora de forma positiva la finalidad de la norma proyectada, que pretende garantizar la efectividad del derecho a la salud sexual y reproductiva y, en términos más amplios, del derecho a la vida privada.

Por el contrario, considera que, en algunos casos, el prelegislador no explica ni justifica convenientemente las modificaciones introducidas en el modelo vigente, en particular en lo que atañe al derecho de información y al periodo de reflexión para la debida formación de la voluntad y la prestación del consentimiento para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Aborto en niñas de 16 y 17 años

En relación con la eliminación del requisito del consentimiento del representante legal para la práctica del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, cuando se trata de niñas de 16 y 17 años. Dado que la propuesta de informe señala que se trata de una opción del legislador que no contraviene las observaciones y recomendaciones internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y añade que el marco normativo vigente reconoce a las niñas de 16 años  un grado de madurez y autonomía suficiente para intervenir en la vida jurídica sin necesidad de la intervención de sus representantes legales.

Derecho de información 

El texto aprobado por el Pleno señala que el derecho a recibir información para abortar, desde la debida formación de la voluntad y de la conformación de una decisión con el debido conocimiento y comprensión de las consecuencias físicas y psicológicas que la prestación del consentimiento comporta.

Se elimina el derecho a la reflexión de 3 días

Sobre la supresión del periodo de reflexión de tres días que la vigente Ley Orgánica 2/2010 establece en los supuestos de interrupción del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación. El dictamen señala que este requisito de legalidad no solo está presente en las legislaciones de varios de los países de nuestro entorno, sino que, al estar indisociablemente unido a la información y a la prestación del consentimiento, es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión consciente y meditada acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y de las consecuencias, de todo orden, que esta decisión comporta.

Objeción de conciencia 

Sobre este punto, el informe concluye que, a la vista de la doctrina constitucional, en el informe no cabe ninguna objeción a la regulación del derecho a la objeción de conciencia. No obstante, el registro de los objetores deberá concretarse en un instrumento normativo de rango infraorgánico para evitar incurrir en una limitación del derecho reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución Española.

Baja laboral por menstruación

El texto aprobado por el Pleno también advierte la ausencia de justificación en la regulación de la incapacidad temporal por contingencias comunes por razón de bajas laborales en casos de menstruación incapacitante secundaria y advierte de que puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruación incapacitante secundaria en particular.

Razón para los votos particulares

En su voto particular, las vocales Mar Cabrejas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda expresan su disconformidad con las conclusiones del informe sobre la regulación que introduce la ley respecto de la edad mínima establecida para consentir la interrupción del embarazo. Sostienen que el contexto nacional e internacional permiten reconocer la libertad a las mujeres mayores de 16 años de manera plena para decidir sobre la interrupción de su embarazo, libertad que ha de alcanzar a la decisión sobre su comunicación a aquellos que ejerzan la patria potestad o su representación por su minoría de edad legal.

Por su parte, los vocales Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández señalan en su voto particular que comparten varias consideraciones que se hacen en el informe, en especial lo concerniente al derecho a la información, pero no pueden suscribir la valoración positiva que el dictamen realiza respecto del anteproyecto porque orilla la cuestión esencial del modelo de interrupción voluntaria del embarazo cuya regulación se modifica.

Este voto discrepante hace especial énfasis en que hay aspectos transversales en el anteproyecto que inciden en cuestiones relacionadas con la formación de los profesionales de la salud (artículo 8) o con el sistema educativo (artículo 9), que no se abordan desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la libertad ideológica o religiosa (artículo 16 de la Constitución) y del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 27.3 de la Constitución). Y se resalta, muy particularmente, la regulación del registro de objetores de conciencia, considerando que tal registro es inconstitucional, dado que no es necesario establecerlo con el alcance que el anteproyecto le otorga y que parece que no se trata tanto de garantizar una prestación, sino de conocer quién objeta y por qué.

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1 Comentario

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