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El Gobierno de Navarra envía al Parlamento el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Económico para la armonización del impuesto sobre residuos
El Gobierno de Navarra ha aprobado esta mañana en sesión la remisión al Parlamento de Navarra del acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora para la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, para la armonización del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos.
Un acuerdo que, según ha matizado Navarra Suma no se ha aprobado por unanimidad, tal y como asegura el Gobierno de Navarra.
El pasado 10 de junio tuvo lugar una reunión de la Comisión Negociadora entre el Estado y Navarra, con participación, por parte de la representación navarra, de todas las fuerzas con representación parlamentaria, que acordó por unanimidad la modificación del Convenio Económico.
En concreto, se añade el artículo 40 para la armonización del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, por la cual la exacción del mismo corresponderá a la Comunidad Foral cuando radique en su territorio el vertedero o la instalación en la que se entreguen los residuos objeto del impuesto. De igual modo, Navarra aplicará la misma normativa sustantiva y formal que la establecida por el Estado, pero podrá incrementar los tipos de gravamen dentro de los límites vigentes en territorio común.
La firma de este acuerdo, que tiene lugar en el marco de la modificación del Convenio Económico, actualmente en tramitación, se produce con el fin de que la armonización del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos se incorpore al Convenio y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
Una vez alcanzado el acuerdo entre ambas administraciones, se ha aprobado la remisión al Parlamento de Navarra del texto suscrito, que deberá ser rubricado por mayoría absoluta. Además, el trámite necesario exige la aprobación de la Ley de modificación del Convenio Económico por las Cortes Generales.