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El Departamento de Derechos Sociales ha convocado ayudas por importe de 7,95 millones de euros para acciones de empleo dirigidas a colectivos vulnerables, promover la inclusión social y el acceso a la vivienda, con el fin de combatir los efectos derivados de la crisis del coronavirus
Estas medidas han sido explicadas esta mañana en rueda de prensa por la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y por el director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero.
Dos de las convocatorias están dirigidas al acceso al empleo y al desarrollo de acciones de carácter socio-laboral dirigidas a colectivos vulnerables, principalmente personas perceptoras de renta garantizada, con una inversión de 6.659.586 euros. En un caso se dirige a entidades sin ánimo de lucro y en otro a entidades locales. Estas ayudas se han incrementado en los últimos 5 años de manera importante, concretamente en 3,73 millones respecto a 2015. Otras dos tienen como objetivo el desarrollo de acciones dirigidas a la promoción social y acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables, por importe de 1.089.955 euros. Por último se han aprobado las ayudas al alquiler para familias monoparentales en situación de hacinamiento.
La primera convocatoria, dotada con 5.255.593 euros, está dirigida al desarrollo de programas de empleo social protegido por parte de entidades locales titulares de servicios sociales de base. En 2019 fueron 45 las entidades locales participantes y se contrató a un total de 692 personas (64% mujeres, 36% hombres).

