El descontrol migratorio está causando muchos problemas en España, afirmación que probablemente comparten la mayoría de los lectores. El gobierno de Sánchez parece que quiere dejar que se agrave el problema al no tomar medidas al respecto. De ello son directamente responsables todos los partidos que lo apoyan. ¿Cabe hacer algo o es un problema que no tiene solución, gobierne quien gobierne?
Hay países, como por ejemplo Italia, que están tomando firmes medidas al respecto. Lo mismo está ocurriendo en Dinamarca, Holanda, Suecia, Alemania y otros países europeos. ¿Cabe por ello decir que esos países son racistas, capitalistas, fascistas o injustos? No. Son simplemente países que están afirmando su estado de Derecho ya que este, por definición, no puede existir si no se garantiza el orden y el cumplimiento de las leyes democráticamente aprobadas.
Lo que está ocurriendo en Canarias y más específicamente en la isla de El Hierro es vergonzante. Ante sus 12.000 habitantes han entrado 3.183 inmigrantes ilegales en apenas tres días. ¿Qué medida ha tomado el gobierno Sánchez? Pues simplemente reforzar los medios de la Sociedad Estatal Salvamento Marítimo (SASEMAR) para poder recoger más cayucos y llevarlos a puerto en la isla de El Hierro. Con ello el gobierno de Sánchez ha transformado el objetivo principal de SASEMAR (garantizar la seguridad de la vida humana en el mar) en una empresa de transporte marítimo a España. Eso no es adecuado. Lo correcto sería acompañar a los cayucos y a sus pasajeros de vuelta, con seguridad, a sus puertos de origen, inclusive ayudados por otros barcos de transporte contratados al efecto.
El gobierno de Sánchez podría pretender que no estaba preparado para ello, pero en 2024 El Hierro recibió 23.994 personas y en 2025, 10.760. Por tanto, la excusa de la sorpresa no vale. Por otra parte, es seguro que los medios de información naval que tiene España saben de dónde proceden esos cayucos, así como si hay barcos nodriza (piratas) que los acercan a las costas españolas y demás circunstancias.
Necesitamos un gobierno, investido por un partido o partidos que consideren que el descontrol migratorio está perjudicando gravemente a la economía española y a la paz social. Los ciudadanos no pueden soportar ese descontrol migratorio y sus consecuencias posteriores. Saben que hay que frenar con urgencia y firmeza el efecto llamada y reconducir la situación actual en aras de la convivencia. Comprendemos el deseo que tienen de encontrar un futuro mejor, pero todo tiene un límite. España no puede ser un país de puertas abiertas a todos. La solución la tienen que encontrar en sus propios países.
Por ello parece de sentido común que un futuro gobierno tras las generales debería adoptar, al menos, medidas de sentido común como las siguientes:
Prohibición de regularizaciones masivas. Quien entra de forma ilegal jamás podrá regularizar su situación en nuestro país.
Endurecimiento de los requisitos de adquisición de la nacionalidad española. Revisión de las concesiones fraudulentas de nacionalidad. Pérdida de nacionalidad española para los españoles, no de origen, en casos de delitos graves o reiterados.
Repatriación de quienes permanezcan en situación ilegal en nuestra nación.
Facilitar el retorno a sus países de los extranjeros que no contribuyan o que vivan meramente de subsidios públicos
Deportación de quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como de quienes traten de imponer costumbres, hábitos o culturas ajenas a nuestro modo de vida o incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres.
Devolución de menores extranjeros no acompañados a sus padres o a las instituciones de tutela de sus países de origen.
Eliminación de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal.
Fin de la cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.
Retirar ayudas y fondos de cooperación y promover sanciones a aquellos Estados que fomenten la inmigración ilegal o la utilicen como arma de presión política.
Cancelación de acuerdos comerciales europeos con los países que no controlen las salidas de esos cayucos o que no acepten el retorno de las personas que salieron de sus puertos.
El 29N tenemos la oportunidad de votar a partidos que adopten este tipo de medidas. Es nuestro turno. Tendremos la palabra.
Enrique Miguel Sánchez Motos, administrador Civil del Estado


