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La RAE considera que no es necesario modificar el masculino de la Constitución para hacerla más inclusiva

El director de la Real Academia ha presentado el informe que le fue encargado hace más de un año por la vicepresidenta Calvo y este enero aprobado por unanimidad

 La Real Academia Española (RAE) ha hecho público este lunes el informe sobre “el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna” que la vicepresidenta Carmen Calvo les encargó en el verano de 2018. Su conclusión es que “la Constitución emplea un castellano correcto en términos normativos”.

“Nuestra conclusión es que [la Constitución Española] gramaticalmente es impecable”, decía Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), en el acto que presentaba el lunes ante la prensa el informe realizado sobre lenguaje inclusivo en la Carta Magna, preparado por la institución a petición de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El académico y jurista era claro en la posición de la Academia, que aprobó el informe por unanimidad el jueves pasado: el principal texto jurídico español “se corresponde con el uso extendido y gramaticalmente no hay nada que objetar” y que está redactado “con respeto a los usos habituales del español en 1978 y en 2020”.

Sin embargo, la institución no se cierra a posibles cambios en el uso del masculino “por razones de visibilización” de los derechos de la mujer, ya que “la RAE no tiene nada que decir a las decisiones de los políticos”.

Así, la Real Academia opina que “carecería de sentido argumentar que las mujeres no están comprendidas” en afirmaciones como “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos”, “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado” o “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran…”.

“La Constitución usa el masculino inclusivocon mucha frecuencia, es la manera en que ha entendido el uso del lenguaje inclusivo”, explicaba Santiago Muñoz Machado. El uso de términos como los españoles, los ciudadanosdiputadossenadoresparlamentariostrabajadoresempresariosniños o electores, según esta interpretación, incluye en ellos también a las mujeres.

Solo en un par de casos considera la Academia que no se usó, en la redacción de la Constitución, el masculino como inclusivo: en el artículo 30.3, cuando asegura que “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles” y en el 30.1, que reza “Los españoles tienen el derecho de defender a España”. Entonces, puesto que la carrera militar no estaba abierta a las mujeres, el legislador podía referirse estrictamente a los hombres españoles, pero los académicos consideran ahora que el mismo cambio de contexto comunicativo ha enmendado la falta de inclusividad de estos preceptos. Incluso cuando esos artículos fueron escritos solo para las personas de género masculino, ahora atañen también a las de femenino.

“Presidente o presidenta”

No obstante, la Academia no descarta algunos cambios lingüísticos referidos al género en la Constitución. El propio director de la institución señalaba que las expresiones que “plantean el debate más interesante en la actualidad” son aquellas referidas a los cargos o dignidades de Estado, como el presidente del Gobierno o el Defensor del Pueblo, que “poseen o no valor inclusivo en función del contexto sintáctico en el que se encuentran”. En estos supuestos, el informe considera que “se puede aludir expresamente en femenino a los cargos únicos o dignidades personales”, como la presidenta del Gobierno o la Defensora del Pueblo, pero no por movitaciones “impuestas ni por razones jurídicas ni lingüísticas, sino por razones políticas o sociológicas”. Aquí, la Academia reconoce “el alto valor simbólico” de la Constitución, que “hace esperar de ella que establezca de manera firme y categórica la absoluta igualdad de hombres y mujeres (…) e incluso enfatice ese compromiso”.

A este respecto, la Academia presenta varias opciones. Se podría desdoblar los cargos “ocasionalmente” a lo largo del texto, aunque esto podría generar un problema si se considerase que en aquellas ocasiones en las que no se realiza el desdoblamiento las mujeres no estarían incluidas en el enunciado. Se podrían también adaptar las fórmulas utilizadas para que se refieran a hombres o mujeres por igual —quien ocupe la presidencia, o la Corona—, plantea la RAE, aunque esto podría implicar el uso de “reiteraciones y perífrasis”. Otra opción que se plantea sería no alterar el texto, ya que los masculinos incluyen también a los cargos femeninos, que presenta inconvenientes lingüísticos según el documento pero que “no tiene en cuenta las consideraciones políticas que aconsejarían dar mayor visibilidad al femenino en la Carta Magna”. La Academia subraya también que no le corresponde “elegir entre estas opciones”, ya que “no se fundamentan en criterios lingüísticos”.

Reinas consortes, princesas y madres

La Academia, sin embargo, sí aboga por el uso de fórmulas coordinadas como presidente y presidenta en varios artículos referidos al funcionamiento de la Corona. La palabra reina no aparece en la Constitución, señala el informe, haciendo referencia a la titular de la corona, por lo que “desdoblar rey y reina (…) sería pertinentem mucho más considerando que el próximo jefe de Estado tendrá previsiblemente sexo femenino”. Por el mismo motivo, se recomienda incluir en la Carta Magna el término princesa, que hoy no aparece, sustituyendo las tres menciones al príncipe de Asturias por fórmulas como el príncipe o la princesa de Asturias. Igualmente, los académicos detectan que, en el artículo 58, se utiliza la siguiente expresión:  “La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo por lo dispuesto para la Regencia”. De esta forma, no se le otorga el título de rey consorte al marido de la reina titular, por lo que la Academia recomienda cambiar la redacción de estas líneas en próximas reformas del texto.

También proponen los académicos una modificación en el artículo 39, referido a la protección de las familias. En el artículo 39.2, se señala: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil”. En el 39.3, se recoge: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio…”. Podría parecer que el primero se refiere solo a las madres y el segundo solo a los padres, por lo que el informe propone usar fórmulas menos quívocas, como tanto los padres como las madres, en el segundo caso. Por último, y más allá de las cuestiones de género, se recomienda la sustitución del término disminuido por discapacitado en el artículo 49, por considerar que el primero resulta hoy ofensivo y el segundo es mucho más usado.

El académico ha agradecido a Calvo la petición, “no solo por lo que significa la deferencia” sino porque “la Academia está siempre dispuesta para contribuir al desarrollo que haga falta sobre esa cuestión”.

El informe tiene 31 páginas, a las que se suman otras 124 en las que se incluye un documento sobre la posición de la RAE sobre el “sexismo lingüístico” y anexos de consultas a la Academia y enmiendas en el diccionario sobre cuestiones de género.

Las conclusiones de la RAE no son vinculantes. Se trata de recomendaciones, y Muñoz Machado admite que “no corresponde a la Academia” decidir si el texto de la Constitución se cambia por motivos políticos.

La tarea de estudio y redacción del informe se encomendó a cuatro académicos, dos hombres y dos mujeres, que han trabajado durante “meses”, decía, con “meticulosidad”, y el director quiso añadir que los debates sostenidos en el pleno de la Academia han sido “muy amables, nada controvertidos”. El documento estudia uno a uno cada utilización del masculino presente en la constitución, analizando la motivación gramatical del mismo y su adecuación al “uso mayoritario del español en la comunidad hispanohablante”, compuesta por 580 millones de personas.

Tras la rueda de prensa de la RAE, Carmen Calvo, que hasta la semana pasada tenía las competencias en Igualdad dentro del Consejo de Ministros, ha declarado a algunos medios que todavía no ha estudiado el documento en profundidad, pero ha advertido de que el lenguaje ha avanzado en la “calle” y que “no está en manos de nadie pararlo”.

Consulta aquí el documento completo.

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