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El TSJC juzga a Quim Torra por desobedecer la orden de retirar los lazos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos en la campaña del 28A, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación

El presidente catalán, que sopesó no acudir al juicio cuando inicialmente se señaló para un día que coincidía con un pleno del Parlament, llegará al Palau de Justicia arropado por varios de sus consejeros, tanto de JxCat como de ERC, así como por los líderes de las entidades soberanistas, que han hecho un llamamiento a concentrarse en su apoyo.

Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme.

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat para cualquier cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo y multa de 30.000 euros, una condena que Vox, acusación popular en la causa, eleva hasta los dos años de cárcel y una sanción de 72.000 euros.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.

El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.

Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla “ilegal”, porque se debía a un “mandato superior” de la ciudadanía.

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