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Policías forales destacan la falta de colaboración de los okupas de Rozalejo

Los agentes de la Policía Foral que redactaron los informes sobre la «okupación» del Palacio del Marqués de Rozalejo, de propiedad del Gobierno de Navarra, han ratificado «okupación» de forma continuada desde 2017, así como la falta de colaboración por parte de las personas que se encadenaron en el edificio

El juicio ha tenido lugar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona por la ocupación en 2017 del edificio por un grupo de «okupas» que utilizaron el inmueble como «gaztetxe» hasta su clausura en enero de 2019, motivo por el que se acusa a los 22 acusados.

Según ha declarado uno de los agentes, “la ocupación fue continuada desde el 2017”, produciéndose diversas convocatorias abiertas al público que congregaron en ocasiones a un gran número de personas en el interior del edificio.

“Sabemos que podían pernoctar entre 20 y 30 personas”, ha comentado, señalando que, además, se podía constatar una actividad constante en el bar que había dentro del «gaztetxe».

En lo referente al acceso al tejado de los «okupas», ha indicado que se conoció este hecho a través de las redes sociales y ha opinado que supuso un “riesgo de precipitación de objetos o personas” a la vía por el mal estado de las tejas y por la falta de medidas de seguridad, así como un riesgo estructural por sobrecarga y de incendio por el empleo de soldaduras eléctricas.

El jefe del área de Investigación Criminal ha constatado también la ocupación aludiendo a que en distintas ocasiones se pudo observar a personas entrando en el edificio y realizando obras de rehabilitación.

Este mismo agente ha asegurado que la identificación de varios de los acusados se realizó a partir de su presencia en medios de comunicación, si bien ha reconocido que no les vieron dentro del edificio.

En referencia al desalojo que se realizó en la madrugada del 17 de agosto del 2018, uno de los agentes presentes en la actuación ha declarado que en el edifico había varias personas encadenadas que “en todo momento se negaron a colaborar” para evitar el desencarcelamiento por la fuerza.

“Podían colaborar dándonos las llaves del candado o indicándonos de qué manera podíamos localizarlas”, ha concretado el agente, que ha afirmado que, pese a sus indicaciones, “en todo momento se negaron a cualquier acción que permitiese su liberación”, viéndose obligados a cortar las cadenas con martillos percutores y radiales.

También ha declarado el agente encargado de realizar el informe tras la ocupación del edificio en 2017, quien ha relatado cómo se entrevistó con tres personas que actuaban en calidad de mediadoras, una de las cuales ha identificado en la sala.

Según ha señalado, no vio entrar a ninguna de estas personas en el edificio ni a quienes se encontraban en el interior, si bien le explicaron que sus intenciones eran quedarse y hacer un espacio dirigido a los jóvenes.

En la entrada al edificio tras la nueva ocupación días después del desalojo, otro de los agentes ha señalado que “no había ninguna persona en el interior”, aunque encontraron “elementos que hacían pensar que había actividad cotidiana”, como comida, sacos de dormir o ropa.

Además, ha comentado, localizaron un búnker oculto localizado en una segunda inspección con el perro en el que había “elementos que hacían pensar que estaba pensado para estar ahí algún tiempo”. EFE

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