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Ejecutivo foral y delegación del Gobierno tratan cuestiones sobre inmigrantes

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo foral y el delegado del Gobierno en Navarra se han reunido este martes para abordar diversas cuestiones en materia de inmigración y problemas con los trámites

Eduardo Santos y José Luis Arasti han tratado durante este encuentro, al que también ha asistido la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, sobre asuntos relacionados con los permisos de residencia o los trámites que deben realizar las personas migrantes.

Santos ha informado al delegado del Gobierno de los problemas que detectan las ONG que trabajan con estas personas y que han provocado quejas o reclamaciones en el Gobierno de Navarra por la “estrecha colaboración que se mantiene” con ellas.

Entre estos problemas las ONGs aluden a los trámites para las solicitudes de asilo y de la condición de persona refugiada, ya que los “dilatados plazos” para su resolución. en ocasiones más de año y medio, generan una “gran inseguridad jurídica”, un problema ante el que Arasti ha asegurado que están trabajando para “agilizar la atención”.

Al término de la reunión, Ruiz de Irízar ha valorado la “buena disposición” del delegado del Gobierno porque “no es humanamente asumible que se tarde más de 12 meses en dar una primera cita para iniciar los trámites, o que pasen entre 18 y 20 meses desde que una persona llega a España y la decisión sobre su petición de asilo”.

“Estamos hablando de personas que, durante esos 12 meses, se quedan en un limbo legal, algo que destroza cualquier proyecto vital y cualquier posibilidad de inserción laboral o de integración en nuestra sociedad”, ha denunciado Ruiz de Irízar, y añadido que además “una parte mayoritaria de las solicitudes de asilo, se deniega”.

Por último se ha referido a la “doble o triple discriminación” que sufren las mujeres con menores a su cargo puesto que durante el tiempo que permanecen en el citado limbo legal “son discriminadas por ser mujeres y por ser extranjeras”, lo que significa que “ni pueden trabajar, ni pueden recibir ningún tipo de protección” y “tienen problemas a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas”, ha señalado. EFE

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