Juan Luis Sánchez de Muniain, parlamentario UPN.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES
UPN va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Navarra del director gerente del Instituto Navarro de Estadística (INE) “para que aclare todo lo sucedido en torno a la encuesta general de condiciones de vida correspondiente a 2018 y su contraste con las de ediciones anteriores”
Los regionalistas lo han pedido “tras las rectificaciones y cambios de versiones del consejero Aranburu en las últimas 24 horas sobre la manipulación y las irregularidades denunciadas por UPN en relación con esta encuesta”.
Cabe recordar que UPN denunció ayer que la encuesta se realizó utilizando datos de ficheros de salud para encuestar a menores, que en la contratación se requería como criterio indispensable disponer del 50% del personal encuestador con título de euskera C1, y que el cuestionario adjunto al pliego de contratación incluía 24 preguntas de las 60 que lo conforman dirigidas al uso del euskera, algunas de ellas sesgadas con opciones de respuesta idénticas para obtener opiniones favorables a la imposición del euskera.
Así, han explicado que “el consejero en un primer momento en rueda de prensa negó todo lo afirmado por UPN y reconoció que tan solo se recogía una pregunta sobre uso de euskera en el cuestionario; minutos después declaró que se incluían más de 14 preguntas en euskera y hoy, en el pleno del Parlamento, cuando se le ha exhibido el cuestionario ha variado de nuevo su versión”.
Además, denuncian, “ha formulado una respuesta engañosa al afirmar que es habitual que para realizar estas encuestas se exija conocimiento de euskera, citando un estudio lingüístico realizado por Euskarabidea y no la encuesta general de condiciones de vida que es de su competencia”. “Esta encuesta general jamás, hasta este año, ha incluido la referida cláusula obligatoria”, han aclarado.
Por ello, UPN va a exigir también al consejero “el expediente completo de la contratación para examinar, por ejemplo, si la empresa adjudicataria concurrió en situación de ventaja gracias al requisito de disponer de personal con titulación de C1 de euskera”.
En este sentido, la formación regionalista quiere analizar la “adecuación a la legalidad del referido requisito que en la práctica discrimina y excluye de la contratación a las empresas de estudios sociológicos navarras”.
En definitiva, a juicio de UPN, “en este asunto concurre la obcecación del Gobierno de Barkos por imponer el euskera y la torpeza y engaño en negar los hechos una vez conocidos por todos”.
Aramburu niega irregularidades en la encuesta de condiciones de vida y euskera
