Vista de la fachada del Tribunal Supremo. EFE/Archivo
El caso de La Manada llegará al Tribunal Supremo ya que las partes han anunciado que recurrirán la sentencia que confirma la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, con la novedad de apreciar un delito contra la intimidad que podría incrementar las penas.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, además de confirmar el fallo, estima un delito contra la intimidad de la víctima por la grabación parcial de lo hechos, lo que podría elevar en 2 años y 10 meses las penas que ya pesan sobre los cinco acusados.
Esta es una cuestión que este órgano no puede condenar porque no ha presenciado las pruebas, por lo que debería ser de nuevo la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo el que dicte al respecto una petición de penas que podrían elevar en 2 años y 10 meses las que ya pesan sobre los acusados.
Así lo ha indicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, uno de los jueces que ha firmado el voto discrepante al considerar que los hechos declarados probados por la Audiencia en primera instancia «son susceptibles de considerarse cometidos mediando intimidación», lo que los convertiría en agresión sexual y no en abuso, y automáticamente el hurto del teléfono móvil sería un robo con intimidación.
La resolución mayoritaria de la sala no ha satisfecho a las partes que, aunque se encuentran todavía estudiando la sentencia, ya han avanzado su intención de recurrirla.
El abogado de la víctima Carlos Bacaicoa se ha mostrado contrariado tras conocer la confirmación de la sentencia que recurrirán puesto que en todo momento han defendido que no fue abuso sino agresión sexual, es decir violación, si bien ha valorado que ahora tenga que haber un pronunciamiento «sobre el delito contra la intimidad».
A su entender, «lógicamente» se condenará a los jóvenes sevillanos por ello y esto «incrementará la pena».
En la misma línea se han pronunciado las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que recurrirán igualmente el fallo, según han adelantado el alcalde, Joseba Asiron, y la portavoz del Ejecutivo, María Solana, quienes han coincidido en remarcar que no se trata de un caso de abuso sexual sino de agresión sexual.
Por motivos muy diferentes, los abogados de los cinco acusados también han avanzado que van a recurrir en casación la sentencia para, en palabras del defensor de cuatro de ellos, Agustín Martínez Becerra, lograr que se dicte un fallo que determine que hubo «relaciones sexuales consentidas entre seis adultos».
Por su parte, Jesús Pérez, abogado del quinto acusado, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, recurrirá que no se haya tenido en cuenta su solicitud de nulidad de dos pruebas de cargo contra su cliente, al tiempo que ha sostenido que los cinco deben seguir en libertad provisional bajo fianza porque no han cambiado las circunstancias que llevaron a la Audiencia de Navarra a decretarla en junio. EFE
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