Miguel Cornejo
Para la mayor parte de la gente, los dramas de la política suenan a cosa lejana. Pero lo que se hace en Congreso, Parlamento o Ayuntamientos nos afecta. En el bolsillo, en los servicios que recibimos, en nuestros derechos. Quedarse al margen o asentarse en lo “malo conocido” tiene consecuencias, porque permite que las cosas sigan como siempre o vayan a peor como estos últimos años. Hoy vamos a repasar unas cuantas cosas que se prestan a abuso, y que de tanto verlas nos parecen hasta normales.
Un ejemplo. En cada Ayuntamiento hay dos funcionarios clave para que se gestione bien y legalmente la cosa pública (Secretario e Interventor) que no dependen del Alcalde: para que sean independientes, dependen de la Comunidad Foral. Pero luego, el Alcalde decide si esas personas tienen o no “plus de productividad”, es decir tiene la capacidad de aumentar sustancialmente su sueldo, y la de no hacerlo (sin tocar la base). ¿Dónde queda la independencia del funcionario?
Lo mismo con los demás funcionarios del Ayuntamiento (cuando son funcionarios y no interinos). Si no me firmas un pliego como yo quiero, tranquilo que verás lo bien que cobras.
Otro ejemplo. La “prevaricación administrativa” es un delito denunciable. Pero si no se denuncia, un Ayuntamiento podría hacer dejación de sus funciones en beneficio de terceros sin que pase nada. Imagínate que vienen unos okupas amigos de concejales y se apropian un edificio público emblemático para montar un “gaztetxe”. Podrían dejarles estar, esperando que les devuelvan el favor ( lhttps://www.navarrainformacion.es/2018/02/14/tienes-lo-pagas/ ).
Las subvenciones municipales son un clásico. Se dan con criterios bastante subjetivos, a fines frecuentemente partidistas, pero es que raramente se verifica que la actividad subvencionada se realice como es debido (tal como se prometió, con los efectos previstos, y sin incumplir otras normas por el camino). O falta claridad. Como la Comisión de Fiestas de lo Viejo en Pamplona, que cobra de la partida de Participación Ciudadana, pero en el “portal de transparencia” no consta cuánto ( http://www.pamplona.es/srv/opendata/verPagina.aspx?nifEntidad=P3120100G&paginaOpenData=2&cbotipos=55 ).
Lo de la participación ciudadana es para mirarlo bien (si te dejan). Hay herramientas de “participación” que sirven a los Ayuntamientos para dictaminar que existe una “demanda social” o “apoyo social” a su medida favorita. Como con la iniciativa de Pio XII en Pamplona, donde se supone que han hablado con “docenas de colectivos”, la mayor parte desconocidos hasta en su casa, para recabar las muestras de apoyo que no reciben de las plataformas vecinales reales.
Un caso real. Burlada está, desde el punto de vista de la ley del euskera ( http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=1822 ), en “zona mixta”, donde el esfuerzo en promover el uso del euskera es limitado porque se reconoce la falta de demanda. Las competencias lingüísticas son de la Comunidad, y para cambiar de zona hay que pedirlo al Parlamento. Pero, usando una herramienta de “participación” y unas pocas firmas como hoja de parra, el Ayuntamiento actual ha creado una Ordenanza ( http://www.burlada.es/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/texto-ordenanza-castellano.pdf ) que estimula el uso del euskera para universalizarlo. Como si estuviera en la zona vascófona, pero sin pasar por los trámites ni tomar en cuenta la realidad sociolingüística.
En los contratos pasa algo parecido. Cada inversión necesita argumentarse con una necesidad, demostrada a veces con análisis más que discutibles (la supuesta “existencia de plazas abundantes” en los alrededores de Pio XII es un ejemplo) y las pruebas de que algo no funciona pueden ignorarse (estadísticas reales generadas por los comerciantes del Centro y Ensanche de la ciudad). Imagina la “necesidad” que sostiene los 13 millones de euros que ha presupuestado Asirón para deshacerse de los Caídos… y las necesidades reales de los pamploneses que se podrían cubrir con ellos.
Con ordenanzas como la mencionada pueden amparar contratar prioritariamente a los de su cuerda ideológica e idiomática. Pero algunos ni disimulan. Véase los problemas (en Madrid, en Pamplona, en…) con contrataciones de amigos, hijos y conocidos de cargos, sobre todo de Podemos, que parecen necesitar más ayuda para conseguir un empleo que el resto de los navarros. Los últimos casos, donde amigos del contratado han formado parte abiertamente del comité evaluador, son notorios.
La vigilancia de la correcta ejecución de los contratos también debería ser inexcusable, y sin embargo ahí tenemos a Indra cobrando por modificar semáforos de Pamplona sin haberlo hecho, o a personal de mantenimiento externo presuntamente dedicado a un municipio, trabajando en otro con el mono equivocado…
Todas estas cosas son conocidas por funcionarios: cada gasto, cada acción, cada abuso tiene testigos. Pero esos testigos no están protegidos. En Madrid, el PPSOE ha conseguido bloquear una ley de Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien irregularidades. En Navarra, a ninguno de esos “partidos del kambio” se le ha ocurrido proponer algo así.
El Tribunal Administrativo de Navarra nos permite recurrir gratis los abusos municipales. Pero sigue habiendo ayuntamientos que se arriesgan con inversiones y decisiones contrarios a dictamen de intervención, o cosas peores. Y sigue habiendo corporaciones que adoptan decisiones que saben que son ilegales, como la de poner ikurriñas en el balcón en fiestas, porque saben que cuando llegue la condena al Ayuntamiento, no la van a pagar los que lo aprobaron. La vamos a pagar entre todos los habitantes.
Cada uno de estos abusos es posible porque las normas los permiten o no se hacen cumplir como debieran. Pero eso puede cambiarse. Ya va siendo hora.
Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE) es economista y responsable de Asociaciones y Entidades en Ciudadanos Navarra.
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