Vista general del Pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Archivo
Los partidos políticos viven, muchas veces, en un mundo diferente al de sus votantes.
Que ayer se solicitara en el Congreso de los Diputados la derogación de todos los decretos que supusieron la “suspensión”, de facto, de la autonomía de Cataluña, cuando hay varios consejeros del gobierno Puigdemont en la cárcel, y otros, y el mismo Puigdemont, huidos de la Justicia, muestra la ignorancia de algunos.
El victimismo no cabe en Cataluña. Todos los causantes del dislate de una proclamación de independencia catalana tienen que probar el sabor de la Justicia. Una Justicia que no entiende de algaradas; una Justicia que castiga a quien se rebela o comete delitos –en este caso, de sedición e incitación a la revuelta -.
Por eso, sorprende que se pida anular lo realizado, cuando quienes presuntamente proclamaron la independencia, hicieron “saltar por los aires” el Estado de derecho en Cataluña, cuando conculcaron el derecho de réplica de la oposición o, por ejemplo, cuando apoyaron el conato de rebelión llevado a cabo por algunos.
En suma, una clase política, ajena a la realidad política y que solo tiene como recurso, la protesta. Y decir o aprobar una cosa y hacer la contraria.
Mientras no se cambie le Ley electoral y los ciudadanos no elijan directamente a sus representantes y no a una ideología común, supuestamente defensora de la misma y en unas listas cerradas de las que, en su inmensa mayor parte, el elector desconoce a sus integrantes, el divorcio de Parlamento y pueblo seguirá existiendo.
Habría que tender a l sistema anglosajón de distritos uninominales o, en todo caso, a un sistema mixto, de forma que al menos una parte del Parlamento fuera elegida previo conocimiento directo del candidato por su elector. No mantengamos más tiempo la conocida frase de un diputado que le decía a sus compañeros cuando se dirigía a saludar al cabeza de lista: «Voy a saludar a mi ELECTOR», nada más real puesto que era el que lo «elegía» para formar parte de la lista.