La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación en profundidad sobre las ayudas públicas de España concedidas a las centrales eléctricas de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones contaminantes, según informó hoy el propio Ejecutivo comunitario.
Bruselas teme que ese apoyo no respete las normas de la Unión Europea (UE) sobre ayudas de Estado y se haya utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso.
«Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente», declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La política danesa aseguró que la Comisión cree «actualmente» que el régimen español «no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente».
«Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle», subrayó.
