El ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega ha defendido hoy en la Audiencia Nacional su gestión en la compañía, la cual se encontraba «en absoluta normalidad» cuando cesó, con un volumen de contratación y ventas en crecimiento y la deuda en sus niveles «más bajos».
A preguntas del fiscal José Perals, que pide para el cuatro años y tres meses de prisión por presunta administración desleal, Sánchez Ortega ha asegurado que su marcha se debió a cuestiones personales, y ha dicho que el contrato por el que accedió a la indemnización de 4,5 millones no incluía «ni una sola cláusula a su favor», sino «en beneficio de la compañía».
Preguntado acerca de la situación de la firma, ha negado que la multinacional «duplicase o tuviera deuda oculta» como alertó la agencia de calificación Fitch en una nota emitida en noviembre de 2014 y que provocó una caída cercana al 40 % de su valor en bolsa.
Al respecto, Sánchez Ortega ha matizado que si bien esto causó «un daño tremendo» a Abengoa, su cotización «vuelve a subir» en marzo de 2015, apenas un mes antes de que comunicara su marcha voluntaria.
«Después de 25 años había terminado mi etapa en la compañía, en la que había conseguido una serie de hitos importantes», ha dicho ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha destacado logros como «un proyecto importantísimo con un fondo de inversión americano o la salida a bolsa de la filial».
Sobre el contrato de alta dirección suscrito con Abengoa en febrero de 2015 y del que emanaría el derecho a tal indemnización, ha explicado que aunque «prefería no firmarlo» era una exigencia legal, y que si bien mantuvo «el mismo sueldo», introdujo cláusulas «que parecían de sentido común», como la contraprestación por no competencia que le fue abonada.
También ha aseverado que nunca cobró los 3,3 millones de retribución variable asignados por el Consejo al no alcanzarse los objetivos anuales y, a cuestiones del fiscal José Perals, ha relatado que, tras su cese, firmó un nuevo contrato con la compañía como asesor del consejero delegado entrante.
Un cargo «normal» en el ámbito empresarial y «sin responsabilidad ejecutiva ni posibilidad de toma de decisiones» que ocupó durante un mes.
«La primera semana de julio estaba en mi nuevo despacho, en mi nueva compañía -la gestora de fondos Blackrock, de la que ya no forma parte-, en Nueva York (EEUU)», ha apuntado antes de añadir que «nunca jamás» volvió a prestar servicios a Abengoa.
En esta primera sesión, en la que se ha invertido el orden del escrito del fiscal, la sala ha rechazado parte de las pruebas documentales solicitadas por las acusaciones durante las cuestiones previas, entre ellas el informe elaborado por KPMG Asesores en noviembre de 2015 que analiza la situación económica de la compañía, apenas dos meses antes coincidiendo con los ceses.
Prueba que, según ha explicado el abogado de la Plataforma de Afectados por Abengoa, Eliseo Martínez, mostraría que «el colapso era previsible y que los acusados debían tener perfecto conocimiento de ello como gestores», ya que el preconcurso de acreedores solicitado apenas dos meses después «no fue como un rayo que cayese del cielo, sino que había indicios anteriores».
La declaración del ex consejero delegado, que ha alegado que conservó sus acciones y bonos por valor de 6,5 millones al confiar en Abengoa, continuará mañana, con el turno de las acusaciones particulares y de las defensas.
Una jornada en la que podría comenzar el interrogatorio al expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, que se enfrenta a peticiones de cinco años de cárcel por la indemnización de 11,4 millones recibida tras su marcha en septiembre de 2015 y que presuntamente tampoco reunía las condiciones recogidas por contrato.
En estos hechos también habrían participado tres de los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que autorizó sendos pagos: su presidenta, Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes piden entre tres y cuatro años y medio de prisión.
La excúpula de Abengoa, a juicio desde mañana por administración desleal
