Puigdemont, Gabriel y Junqueras firman la declaración de independencia. Agencias
La crisis política abierta en Cataluña ha disparado en las últimas semanas las consultas jurídicas de las empresas y está haciendo que se paralicen algunas inversiones en el terreno inmobiliario y en el industrial.
Socios o responsables de destacados despachos de abogados han explicado a Efe que la incertidumbre generada por el escenario de una hipotética Cataluña independiente ha multiplicado las consultas legales por parte de las empresas, principalmente de grandes compañías, pero también de pymes.
El responsable de un despacho barcelonés, que como el resto de sus compañeros accede a dar una visión general pero con la condición del anonimato, asegura que el motivo de las consultas ha variado en función de la evolución de los acontecimientos políticos.
Según su testimonio, tras el Pleno del Parlament de los pasados 6 y 7 de septiembre se multiplicaron las consultas, principalmente por parte de extranjeros, acerca de la validez legal de la ley catalana del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica, que están suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Entre la oleada de detenciones de responsables del gobierno catalán del 21 de septiembre y la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre, hubo otro repunte de las consultas jurídicas y entonces se empezó a notar que «algunas operaciones que estaban en marcha, de inversión y de compraventa, se paraban a la expectativa de una mayor visibilidad» acerca de la situación política».
«No eran superoperaciones, pero sí de cierto nivel en el terreno industrial y en el inmobiliario», apunta esta fuente, que asegura que el clima político actual está «ralentizando las inversiones», en Cataluña principalmente, pero también en otras partes de España.
La tercera oleada de consultas se produjo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre, cuando el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció que declararía la independencia en días, y consistió en «un alud de consultas» sobre cambios de sede social, y también fiscal, en algunos casos.
Esta fuente afirma que el empresariado vive toda esta convulsión política con «inquietud y preocupación», mientras que un responsable de otro importante despacho de abogados confirma que las consultas recibidas por parte de empresas «han crecido considerablemente» en las últimas semanas, y que hay «mucha preocupación empresarial», algo que se nota «a todos los niveles del empresariado».
Un tercer responsable de un bufete de abogados, en este caso internacional, asevera que, más allá del aluvión de consultas sobre cambios de sede social de compañías, también están recibiendo consultas para tratar de evitar boicots a sus productos.
En este sentido, algunos empresarios se interesan por cambiar la sede social de su empresa o bien por crear una filial en otra comunidad autónoma para canalizar pedidos desde allí, todo ello para evitar que se cancelen pedidos simplemente por tratarse de una empresa de origen catalana.
Este jurista también explica el caso de otra compañía que se está encontrando con la petición de sus clientes asiáticos de que se les facture a través de un NIF situado fuera de Cataluña, para garantizar la seguridad jurídica.
Por otra parte, fuentes de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria han asegurado a Efe que a pesar de que la actividad inversora y la ocupación de oficinas se han mostrado activas en los últimos meses, la incertidumbre que vive Cataluña «puede afectar a la inversión y llegar a impactar de manera negativa tanto en el mercado inmobiliario como en la economía».
En esta línea, la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, por ejemplo, ha detectado «un pequeño parón de la actividad» en Cataluña por la situación política. EFE
