El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado una instrucción en la que insta a las fuerzas de seguridad a actuar ante cualquier preparativo del referéndum del 1-0 desarrollado por autoridades, funcionarios públicos o incluso particulares.
Maza envió ayer esa instrucción, a la que ha tenido acceso Efe, al fiscal superior de Cataluña y a los cuatro fiscales jefes provinciales de esa comunidad autónoma.
En ella, insta a instruir a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra para que, en funciones de policía judicial, elaboren atestados e intervengan los efectos del delito «ante cualquier actuación de autoridades, funcionaros públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum».
En primer lugar, se dirige al fiscal superior de Cataluña y le manda impartir su instrucción general a los responsables de esos cuerpos, concretamente al general jefe de la zona de la Guardia Civil, al jefe superior de Policía de Cataluña y al Major del Cos de los Mossos.
Esta instrucción la deben remitir a «los servicios y unidades centrales a su mando» en Cataluña, para que en sus funciones de policía judicial elaboren atestados en caso de que se realicen preparativos para la consulta.
En segundo lugar, ordena a los fiscales jefes de cada provincia notificar la instrucción del fiscal superior de Cataluña a los responsables de las fuerzas de seguridad en cada uno de esos territorios con el fin de que actúen del mismo modo ante cualquier actuación en el ámbito local o provincial.
Estos fiscales notificarán asimismo, por orden de Maza, su instrucción a los fiscales jefes de área de cada provincia «para que estos las cumplimenten en su respectiva demarcación».
Además, emplaza al fiscal superior y a los fiscales jefes a remitir instrucciones particulares si tienen conocimiento de cualquier acto concreto dirigido a la organización del referéndum.
Y a que incoen diligencias de investigación y formulen denuncias o querellas cuando reciban atestados o tengan conocimiento por otra vía de actos preparativos del 1-O.
A su juicio, la notoriedad de la prohibición de la organización hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En la instrucción -dictada antes de que el TC anulara anoche el referéndum- se citan las resoluciones anteriores en las que ese tribunal ya había recalcado la ilegalidad de esa convocatoria, unos pronunciamientos «reiterados de forma clara, sin fisuras, públicos y difundidos», expone Maza en su escrito. EFE
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