El Gobierno ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalidad y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros que podrían estar destinados a la preparación del referéndum del 1 de octubre, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.
Una partida, con cargo al programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales, sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado más explicaciones a la Intervención General de la Generalidad , que, de momento, no se le han facilitado.
El Ejecutivo central ha informado este viernes de que, si el Govern no informa semanalmente de sus cuentas, Cataluña no recibirá el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que prevé un desembolso de 3.600 millones de euros para esta comunidad.
Por eso, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido esta semana una carta a la interventora general de la Generalidad de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.
Plazo de 48 horas para remitir información adicionalLa carta, a la que ha tenido acceso Efe, explica que, a la vista de las circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, se consideraba necesaria la remisión por parte de la comunidad de información y documentación adicional, para lo que se daba un plazo de 48 horas.
Se pedía, así, un informe específico de la Intervención General pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por ese órgano en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa 132 de los presupuestos generales de la Comunidad de este año y sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas.
También se reclamaban los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al citado programa y los que se vayan recibiendo para el ejercicio de la función interventora, y se solicitaba que se enviara información sobre el sentido de la fiscalización y evolución del expediente.
Igualmente, Hacienda exigía que se le remitiesen, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a función interventora, los expedientes desde que se practique su anotación contable en cualquiera de las fases presupuestarias relativas a los mismos, así como en el caso de que se haya procedido a su registro no presupuestario. En este caso, el plazo dado era de tres días hábiles.
Certificaciones semanales de los gastos
Hacienda quería asimismo los expedientes completos de gasto relativos a cualquier otro programa del que se tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso refrendario.
Y toda la información de la que se tenga conocimiento en orden al planteamiento de consultas dirigidas a esa Intervención General con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.
Desde finales de 2015 la Generalidad está obligada a presentar certificaciones mensuales de sus gastos y fue precisamente en la última de esas certificaciones, remitida el 13 de julio, cuando se detectó el desvío de 6.150 euros. NAVARRA INFORMACIÓN /EFE
