La Ley prevé un régimen especial amparado en el derecho internacional
La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, presentada este martes por Junts pel Sí y la CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia antes de 48 horas en el caso de que ganara el «sí» en un eventual referéndum el 1 de octubre. En el caso de que ganara el «no», el Govern convocaría elecciones autonómicas.
Sin embargo, a pesar de que los independentistas han destacado la importancia de la alta participación en el referéndum, el texto no fija un porcentaje mínimo de participación para que el resultado del referéndum sea vinculante, ni tampoco marca una mayoría cualificada para validar el ‘sí’. El artículo 4 simplemente establece que se declararía la independencia de Cataluña «si hay más votos afirmativos que negativos».
El texto establece «un régimen jurídico excepcional» con el fin de realizar la consulta y se amparará en la legislación internacional como las sentencias del Tribunal de La Haya y la Carta Suprema de Canadá. Esa ley será «suprema» y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, advierte en su artículo 3 ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y con el ánimo de transmitir seguridad jurídica a todos los cargos que colaboren con la consulta.
«Va a tener prioridad sobre otras normas«, ha subrayado Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament de Cataluña. Los impulsores del referéndum han asegurado que esta ley va a estar por encima de la Constitución española: en su artículo 2 asegura que el «pueblo de Cataluña es una entidad política soberana» con derecho a ejercer el derecho a decidir.
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Así, el proyecto de ley que los grupos independentistas llevarán al hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, «ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum«, blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado, según sus promotores.
Sindicatura Electoral, en lugar de la Junta Electoral Central
En el referéndum, según la ley que se pretende aprobar, podrán participar todas las personas con derecho a voto «en una convocatoria electoral convencional» que sean residentes en Cataluña y en el exterior -en este segundo caso se necesitará una acreditación especial-, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.
Además, está previsto que se cree una Sindicatura Electoral que asumirá las competencias que en los comicios ordinarios tiene la Junta Electoral Central y será el órgano «responsable de velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del ejercicio efectivo de los derechos electorales».
La Sindicatura Electoral estará formada por cinco miembros -juristas y politólogos- propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta, y de entre ellos se elegirá a un presidente -que pasará a denominarse Síndic Electoral- y a un secretario. «Todas las autoridades públicas tienen la obligación de colaborar con la Sindicatura», precisa el texto, antes de apuntar que la Generalitat «podrá habilitar locales alternativos» cuando los ayuntamientos no cedan las escuelas u otras dependencias habituales.
De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de demarcaciones con tres miembros cada una de ellas, que representarán a cada una de las cuatro circunscripciones electorales -correspondientes a las cuatro capitales catalanas-, y se encargará de velar por la imparcialidad y el pluralismo de los medios de comunicación y también del escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.
De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.
«Todas las autoridades públicas tendrán la obligación» de colaborar con la Sindicatura Electoral, según la ley, que señala también que los ayuntamientos deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación. En caso de que se nieguen, el Govern podrá habilitar locales alternativos.
El censo, elaborado por el Govern
En la presentación de la ley se ha asegurado que el censo lo elaborará el Govern, lo validará la Sindicatura Electoral y, a diferencia del 9N, no requerirá autorización previa de los ciudadanos. Las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.
La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un decreto de normas complementario en el que se establecerán los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo en que se llevará a cabo la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.
En este sentido, lo que sí concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos políticos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.
La presentación de la nueva ley se ha llevado a cabo en un acto realizado en el auditorio del Parlament, y no en el pleno, ya que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto. Al acto no han asistido representantes de Cs, PSC, PP ni Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP) -algunos miembros de esta última coalición sí han asistido pero no como grupo, sino en representación de Podem y EUiA-. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
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