El lenguaje claro es un derecho de los ciudadanos que deben respetar administraciones y empresas para las que, además, resulta rentable, según señalan las conclusiones del XII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.
En el encuentro, inaugurado esta semana por la reina Letizia, periodistas, lingüistas, políticos y expertos en usabilidad y diseño, entre otros, han debatido sobre el problema que supone para millones de ciudadanos no entender adecuadamente las comunicaciones que cada día reciben de las instituciones y compañías, como cartas, facturas, sentencias, multas o formularios.
El lenguaje claro, y de forma más general la comunicación clara, es aquella que permite al ciudadano encontrar fácilmente la información que necesita, comprenderla sin dificultad y tomar, gracias a ella, las decisiones que afectan a su vida, señalan las conclusiones del seminario, publicadas hoy.
Ese tipo de comunicación, añaden, «es un derecho de los ciudadanos» que las administraciones y empresas deben respetar y que está íntimamente ligado a la transparencia y la responsabilidad.
Pero es que además, para los emisores, la comunicación clara «es rentable» porque «aumenta la confianza en las empresas e instituciones, mejora su reputación y ahorra costes derivados de una incorrecta compresión de formularios, cartas…».
Otra de las cuestiones que se abordaron fue la necesidad de que las leyes se redacten en lenguaje claro para evitar que las fórmulas alambicadas y oscuras con las que a menudo se formulan vayan calando en todo tipo de textos derivados de ellas (reglamentos, instrucciones, formularios…) que tienen incidencia directa en la vida diaria de los ciudadanos.
Entre las condiciones que se señalan para lograr una comunicación clara están «pensar antes que nada en el destinatario», no en la institución que emite el mensaje, y contar con especialistas capaces de elaborar comunicaciones claras no solo desde el punto de vista de los textos sino también del lenguaje visual, el diseño, la interactividad, la usabilidad o la experiencia de usuario.
Además, deben tenerse en cuenta la gran cantidad de dispositivos con los que los ciudadanos interactúan hoy en día, como ordenadores, móviles o tabletas, y las características de cada uno de ellos.
Los especialistas reunidos en San Millán señalaron que no se debe confundir lenguaje claro con una «simplificación en sentido negativo ni con una actitud condescendiente hacia el receptor». Por el contrario, agregan, «implica claridad y precisión, no pérdida de contenido».
Para que este tipo de iniciativas tengan éxito en la administración y las empresas, señalan las conclusiones, no basta con la voluntad aislada de un departamento ni con la impartición de cursos o la edición de guías de lenguaje claro.
Es preciso que sean «las más altas instancias de cada organización» las que impulsen estos proyectos, cuenten con profesionales cualificados para llevarlos a cabo y exijan luego su cumplimiento.
A lo largo del seminario se subrayó también que el lenguaje claro no es lo mismo que la conocida como «lectura fácil» -dirigida sobre todo a personas con dificultades cognitivas- aunque ambas comparten el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la información que necesitan de forman comprensible.
Respecto al papel de la prensa para lograr una comunicación más clara, las conclusiones señalan que los medios «no debe renunciar a la claridad en sus contenidos» pese al ritmo elevadísimo de producción de noticias y al debilitamiento -y hasta desaparición- de la figura del editor.
Además, la prensa debe evitar trasladar a sus lectores los eufemismos y otras fórmulas de lenguaje oscuro que, a menudo, emplean las fuentes. EFE
¿Hablan las administraciones y empresas el mismo idioma que los ciudadanos?


