Son más de 520 familias navarras las afectadas por la decisión del consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, que a mitad de curso ha cambiado la convocatoria de becas a un buen número de estudiantes que cursan o tienen que cursar sus estudios universitarios en la Universidad de Navarra. Una convocatoria que ha aumentado por arriba la renta que permite pedir la beca, lo que provocará que reciban la ayuda familias de mayor renta, pero disminuirá la ayuda a familias con menos recursos.
Hay que recordar que el estado del bienestar y la Constitución española, garantizan que un estudiante no puede dejar de serlo por motivos económicos o si obtiene buenos resultados académicos, máxime, además, cuando en su lugar de residencia, no puede acceder en el sistema público a los estudios que desea, convirtiéndose con ello, lo privado en complementario de lo público.
En el caso que nos ocupa, se aprecia, entonces, una discriminación clara entre unos estudiantes y otros. Discriminación que un gobierno debería atajar y que, de no ser así, deslegitimaría claramente su acción de gobierno.
El actual Gobierno de Navarra y, en este caso, su Departamento de Educación, estarían incumpliendo la neutralidad debida en su acción gubernamental.
Mientras que no se opte por un gobierno para todos y tan prometido por la actual presidenta del ejecutivo navarro, la situación continuará siendo sectaria. Un sectarismo que va en contra de la educación privada y de la libre elección.



Da que pensar ese cambio. Diríase que algunos de los que cambiaron la norma estaban fuera de optar a becas por su salario y subiendo los topes entran en los límites. Si eso supone que algunos, más necesitados, se quedan sin beca, aplican eso de «la caridad bien entendida empieza por uno mismo» y listo.
Menos mal que lo hace la izquierda radical, si eso lo propusiera el PP quemaban la sede y algo más.