Barkos y Laparra en las instalaciones de Elkarkide.
NAVARRAINFORMACION.ES
La Federación de empleados de los Servicios Públicos FeSP-UGT ha denunciado hace algo más de un año que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través de su Servicio de Recursos Humanos, la interpretación y aplicación de manera «fraudulenta de la legalidad vigente sobre contratación administrativa de personas con discapacidad para cubrir los puestos vacantes que se generan en el personal no docente».
Recuerda UGT que la Administración adquirió a principios del año en curso el compromiso de reactivar la Comisión de Discapacidad, órgano encargado de valorar las funciones para los puestos de trabajo, pero está «inactivo».
De ahí que UGT exija al Gobierno de Navarra el fin de estas prácticas discriminatorias, así como la inmediata puesta en marcha de las acciones correctoras para la efectiva integración de las personas con discapacidad en la Función Pública de Navarra.
El mencionado Servicio de Recursos Humanos de Educación, dice el sindicato, somete a estas personas discapacitadas al juicio de las direcciones de los centros educativos, que sin poseer cualificación profesional ni competencia al respecto se erigen en “expertos” en medicina y en salud laboral para, en muchos casos, descartar caprichosamente a las personas con alguna discapacidad que estimen oportunas que el propio Instituto de Salud Laboral del Gobierno de Navarra y que tras haber concurrido a unas pruebas selectivas también han obtenido la consideración de aptas.
El sindicato navarro denuncia que así el gobierno foral proclama una Ley de Integración Universal de las Personas Discapacitadas y, al mismo tiempo, ampara cuantos atropellos e impedimentos sean precisos frente al colectivo de discapacitados, demostrando una actitud cuanto menos errática e incoherente.
