El presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, acaba de superar una moción de confianza en el Parlamento. Dicha moción de confianza es fruto del acuerdo a la que llegaron Puigdemont y su partido, con la izquierda radical de la CUP, en aras de conseguir la investidura por parte de Puigdemont. Todo parece seguir la «hoja de ruta» marcada por parte del gobierno nacionalista de Cataluña.
Lo sucedido no obstante en el parlamento, pudiera calificarse de «farsa», puesto que más que renovar la confianza a un gobierno se ha establecido el momento de celebrar un referéndum con el objetivo de calibrar el apoyo de la ciudadanía catalana a la tan anhelada independencia.
La respuesta del gobierno de España ha venido de parte de su vicepresidenta. Ha declarado que aparte de jurídicamente ser un error de graves consecuencias, no son unos pocos los que deciden marcharse de España, sino que debe ser la mayoría de los ciudadanos españoles quienes lo aprueben.
De todos modos, una cosa parece clara, ya no es el momento de declaraciones, sino es el momento de actuar. A pesar de estar en estos momentos con un «gobierno en funciones», el peligro de que la unidad de España desaparezca, es acicate necesario para ir contra aquellos que no quieren pertenecer a este país. Nuestro ordenamiento constitucional así lo estipula y articula.