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La Mesa y la Junta de Portavoces se ha dado por enterada hoy del criterio del Gobierno de Navarra en el que manifiesta la disconformidad con la tramitación de la proposición de Ley Foral, presentada por UPN, sobre el pago de la parte no abonada de la paga extra, suspendida a los trabajadores públicos el año 2012.
En este sentido, G.P. Geroa Bai, ha solicitado a la Junta de Portavoces acordar un informe jurídico a los Servicios Jurídicos del Parlamento con el fin de conocer si se puede admitir a trámite la proposición bajo la justificación de que supone un incremento del gasto.
Llevada la solicitud del informe jurídico a acuerdo de los partidos políticos de la Mesa, han votado a favor Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E y en contra han votado UPN y PPN.
Tras señalar UPN que el abono de la extra «no supone un coste económico para el año 2016», el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha respondido que la coalición ha solicitado un informe jurídico para estudiar si la proposición de ley «interfiere con la política presupuestaria» teniendo en cuenta que el artículo 126.2 del Reglamento del Parlamento «dice que esto no tiene cabida, no se puede hacer».
Y ante la petición de UPN para que se abone la extra pendiente a partir del 1 de enero de 2017, Martínez ha contestado que «se ha jugado mucho con el tema de los funcionarios» y que con el informe quieren «comprobar lo que dicen los servicios jurídicos del Parlamento al respecto».
Laura Perez, Podemos, que a votado a favor del informe jurídico, ha explicado que su postura sobre la devolución de la extra es «la misma que establecimos» en la ley de Presupuestos, que «cuando las previsiones de ingreso lo permitan se produzca la devolución».
Chivite, PSN, ha lamentado que ni el Gobierno foral ni los grupos que lo sustentan «tienen ninguna voluntad de pagar la extra que se debe a los funcionarios». En su opinión, el pedir un informe jurídico supone «una excusa».
Ana Beltrán, del PPN, que ha votado en contra, ha considerado que «pedir este informe es una maniobra del cuatripartito, a petición de Geroa Bai, para dilatar la tramitación de la ley, y además tiene como objetivo evitar el debate porque uno de sus socios de gobierno».
